Según un informe de la UCO las personas a las que el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus ‘enchufó’ en la empresa encargada de construir los colegios cobraron sin trabajar
VALENCIA. El fiscal Anticorrupción Pablo Ponce ha solicitado que los presuntos ‘zombies’ investigados de Ciegsa (la empresa encarga de construir colegios públicos de la Comunitat) declaren a partir de la semana que viene. El magistrado instructor, Víctor Gómez Saval, deberá decidir si acuerda o no esas declaraciones.
Dichos ‘zombies’ son el personal presuntamente ‘enchufado’ por el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus que cobraban de Ciegsa sin supuestamente trabajar y que, además, era presuntos ‘testaferros’ de Rus. Varios de los nombres de los presuntos ‘zombies’ salieron a la luz a raíz de las grabaciones hechas por el autodenominado ‘yonki del dinero’, Marcos Benavent.
Entre dichos nombres destacan Juan Sanchis Torres, Manuel Gómez Pérez y Antonio Gil Monteagudo, a los que en varias conversaciones entre Benavent y el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, y presuntamente el testaferro que repartía las mordidas de Ciegsa, Máximo Caturla, se hace referencias, cuanto menos, “poco halagüeñas”.
Del primero, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Caturla afirma que, además de ser un enchufado del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, es “un tío que fue diputado provincial durante mucho tiempo. Y que había movido lo de la Safor con el actor (Rus) de siempre, pero gracias a él”.
En referencia a los otros dos presuntos ‘zombies’, el exgerente de Imelsa y Caturla aseveran en otra grabación que su tarea era: “tocarse los cojones y tocarle los huevos a Miguel Barranca”. Pero no solo ellos están bajo la lupa de los investigadores, también hay un alcalde al que presuntamente Alfonso Rus habría ‘enchufado’ por un sueldo de 300.000 pesetas al mes.
Según ha podido saber Valencia Plaza, los investigadores están barajando la posibilidad de partir el sumario en más piezas separadas para poder instruir la causa en un tiempo razonable, ya que de lo contrario se podrían solicitar dilaciones indebidas por parte de las defensas. Dichas dilaciones indebidas podrían suponer que las penas fueran inferiores a las que previsiblemente pueda solicitar el representante del Ministerio Público.
Ciegsa ha sido desde hace más de 15 años la empresa encargada de realizar las obras de construcción de los colegios públicos de la Comunitat. Según el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, de esa empresa es de dónde se cobraron las mayores ‘mordidas’ ya que, según su propia declaración, fue de Ciegasa de donde la trama corrupta se llevó el 3 por ciento de todos los sobrecostes.
La auditoría realizada por la Intervención de la Generalitat que fue remitida a la Fiscalía Anticorrupción mostró que Ciegsa, incluyendo las inversiones hechas y la deuda asumida por la Generalitat de 1.900 millones supuso un coste total de 2.635 millones de euros entre 2001 y 2014. Si las afirmaciones realizadas por Benavent son ciertas, la trama habría recaudado 80 millones de euros en dinero negro.