Marcos Benavent, implicado en el 'caso Imelsa'. Foto: EFEVALENCIA. Aunque ni de lejos se han cumplido los seis meses que marca la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) como límite para instruir un caso, los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia ya han solicitado la especial complejidad de todos sus casos judicializados.
La petición la han realizado debido a la entrada en vigor de la nueva Lecrim que limita los plazos de la instrucción a seis meses a no ser que se declare el procedimiento como "causa compleja", lo que otorga una prórroga de 18 meses, prorrogables por otros 18 más si es necesario.
Así los casos Blasco, Imelsa, Vaersa, Aidico, Canal Nou, Aido, Emarsa, Palau, la trama de las asesorías y una larga lista que supera los 25 presuntos casos de corrupción podrán ser prorrogadas si los jueces y magistrados que las instruyen lo consideran oportuno.
Los miembros del Ministerio Público no se han esperado a que pasen los seis meses para solicitarlo porque, en caso de que no les concedan la especial complejidad, tendrán margen para apretar el ritmo con seis meses de plazo por delante y no solo unos días.
Algunas de las causas que tienen entre manos los fiscales Anticorrupción, como por ejemplo el caso Blasco, son de especial complejidad según la propia ley, ya que todo aquel procedimiento en el que haya que solicitar cualquier tipo de actuación en el extranjero es complejo sin necesidad de solicitarlo. En este caso se enviaron oficios y peticiones a Miami.
En el caso de la exintendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt, la juez encargada de la instrucción ha dado traslado a las partes de la petición de la Fiscalía Anticorrupción y su abogado ya ha realizado alegaciones en contra de que la causa sea declarada se especial complejidad.
Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, el letrado de Schmidt ha alegado que “su clienta lleva ya un año imputada, que los procedimientos no se pueden dilatar en contra de las personas imputadas y que el tema del Palau no es complejo porque no tiene dificultad, puesto que si faltan medios eso no lo hace complejo”.
Pero a su vez también ha afirmado que “en caso de declararse complejo, solicita al juzgado de instrucción que realice un calendario real para la instrucción y la realización de las diligencias”, ya que, según él, “el tiempo que está tardando ha sido uno de los motivos del despido de la exintendente”.
Helga Schmidt está imputada como presunta autora de un delito continuado de malversación de caudales públicos, un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad documental por, presuntamente, eliminar el servicio de patrocinio del Palau de les Arts y adjudicárselo a una empresa de la que ella era consejera y de la que, supuestamente, cobró más de medio millón de euros en comisiones.
