VALÈNCIA (EP). La Agencia Valenciana Antifraude ha dado por finalizada la investigación que abrió "sobre presuntas irregularidades urbanísticas", en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad referida al edifico de Tabacalera -que alberga dependencias del Ayuntamiento- hecha en 2017.
Además de comunicar la decisión de concluir la investigación, la agencia realiza dos recomendaciones al consistorio valenciano, una para liquidar el convenio urbanístico entre la administración municipal y la mercantil citada, y otro para tramitar la reconstrucción de las naves laterales de Tabacalera que fueron derruidas.
Así se recoge en la resolución emitida por Antifraude sobre este asunto. En este escrito, consultado por Europa Press, indica que la investigación que ha dado por terminada se inició a partir de la "alerta" que a través de su buzón de denuncias recibió "contra el Ayuntamiento de València sobre presuntas irregularidades urbanísticas, de fondo y de tramitación formal, en el procedimiento de aprobación de la modificación del PGOU" en "el ámbito de la Antigua Fábrica de Tabaco".
Igualmente, recuerda que el consistorio inició la instrucción del procedimiento de aprobación de la modificación en virtud de un acuerdo plenario adoptado en mayo de 2017 en ejecución una sentencia del Tribunal Supremo sobre la permuta de Tabacalera, acordada durante la etapa de gobierno de Rita Barberá.
Antifraude ha adoptado la decisión de concluir la investigación tras analizar toda la documentación referida al inmueble de la Antigua Fábrica de Tabacos de València y todas las resoluciones judiciales emitidas al respecto -desde que esta construcción pasó a ser propiedad el consistorio a través de una permuta con la firma Guadalmedina, hasta la actualidad con el acuerdo entre la administración municipal y los vecinos de Penyarroja para no trasladar a ese barrio la edificabilidad prevista en el entorno del edificio a partir de la operación de adquisición-.
Este organismo asegura que las presuntas "irregularidades" de las que se le alerta han pasado ya por los tribunales y se han emitido resoluciones judiciales al respecto. "Los hechos y actos manifestados en la alerta presentada ante la Agencia Valenciana Antifraude han sido parcialmente enjuiciados por la sección primera de la
sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV" y se ha "dictado en los citados" autos.
En este sentido, Antifraude sostiene que "no puede actuar como una vía posterior a la jurisdicción contencioso-administrativa". "La agencia no puede actuar como una vía posterior a la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo en los aspectos que difieran de los enjuiciados en la jurisdicción contenciosa-administrativa si de los mismos se desprenden comportamientos encuadrados en los conceptos de corrupción, fraude o irregularidades administrativas".
En el apartado de recomendaciones, Antifraude recoge que el consistorio "deberá proceder a la liquidación del convenio urbanístico suscrito", en mayo de 2005, entre el Ayuntamiento y la mercantil, "anulado por la sentencia" del TSJCV, "debiendo valorar el estado de las obligaciones del convenio ya satisfechas por las partes y, en su caso, las no satisfechas".
Igualmente, aconseja al consistorio "supervisar e impulsar la tramitación del expediente de reconstrucción de las naves laterales del edificio de la Antigua Fábrica de Tabaco con fachada en la calle Naturalista Rafael Cisternes y Naturalista Arévalo Baca; dando
cumplimiento al acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de València en la sesión plenaria" de mayo de 2017.
Desde la oposición en el consistorio, la portavoz del PSPV, exvicealcaldes y exedil de urbanismo, Sandra Gómez, ha valorado, en un comunicado y tras conocerse la resolución de Antifraude, que esta entidad "haya finalizado su investigación sobre el cambio de planeamiento de Tabacalera al no encontrar comportamientos encuadrados en los conceptos de corrupción, fraude o irregularidades administrativas".
El grupo socialista ha apuntado que "esta resolución da por finalizada la investigación al haberse resuelto el conflicto con los vecinos por vía judicial, en la que se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento y los vecinos demandantes para dar por finalizado el litigio tras renunciar el Ayuntamiento a la edificabilidad de Penyarroja y los vecinos a la demanda sobre el cambio de planeamiento".
"Este acuerdo marca la diferencia entre el PP, que no fue capaz de llegar a acuerdos con los vecinos, y el PSOE. Al PP solo le interesaba generar el pelotazo de Tabacalera con la empresa constructora. No tuvo en cuenta el interés general ni la protección patrimonial, lo que derivó en la sentencia que anuló toda la operación", ha asegurado Gómez.
La edil ha comentado que "la investigación de Antifraude repasa el historial de esta operación desde 2005, cuando Rita Barberá armó un pelotazo urbanístico en el que se malvendió patrimonio municipal y se derribó parte de las naves de Tabacalera que estaban protegidas, lo que era ilegal, perdiendo la ciudad parte de su patrimonio industrial", ha remarcado.
"Una vez más, el PP se encuentra con la solución a un problema que ellos mismos generaron, ya que desde la Concejalía de Urbanismo ya se iniciaron los trámites para liquidar el convenio urbanístico del pelotazo anulado por sentencia y se puso una partida presupuestaria para hacer un concurso de ideas para la reconstrucción de las naves", ha agregado la portavoz socialista.
Sandra Gómez ha dicho que la actual primera edil del PP, María José Catalá, "vuelve a encontrarse con el trabajo hecho". "Ahora deberá ser el propio PP el que gestione el coste que su pufo tendrá para las arcas públicas al abonar la expropiación de la parcela de Micer Mascó, que supondrá alrededor de los 20 millones de euros", ha afirmado.
