La agencia enumera, en un informe remitido al juzgado, todas las irregularidades en la elaboración del convenio urbanístico y en la redacción del PGOU
VALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha remitido al juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud, su informe sobre el PAI de Burjassot, una de las operaciones urbanísticas que se investigan en esta macrocausa sobre una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones en varias administraciones públicas de la Comunitat.
De acuerdo con los investigadores, en Burjassot, el empresario Jaime Febrer se unió en una joint venture con Eroski para conseguir el desarrollo de un proyecto para transformar suelo rústico no urbanizable en urbano de uso terciario y promover allí un espacio comercial. El PAI no llegó a salir nunca adelante, pero en los trámites administrativos que se llegaron a hacer y en las conversaciones y acuerdos que se llevaron a cabo se habría producido, o bien el cobro de comisiones, o bien el pacto de éstas.
Así, por ejemplo, la causa apunta a que el abogado vinculado al PSPV José Luis Vera habría recibido de las compañías de Febrer hasta 430.000 euros como intermediario y en diferentes contratos de asesoría. Además, el histórico dirigente del Bloc (formación mayoritaria en Compromís, que ahora se llama Més) Pere Mayor habría pactado una comisión de algo más de 12 millones de euros por intermediar.
El informe de Antifraude no se centra en este asunto, pero lo menciona. La agencia destaca que, tras analizar los contratos, la previsión inicial de la operación urbanística en Burjassot suponía para la empresa de Febrer Construcciones Valencia Constitución (CVC) un beneficio neto (después de impuestos) de 22.254.400 euros y unos ingresos de 12 millones de euros para la firma de Pere Mayor.
El procedimiento de aprobación del conocido como PAI La Capella comenzó en 2010. Consistía en un plan parcial de modificación del Plan General al incluir una reclasificación de suelo no urbanizable en suelo urbanizable. Pero Antifraude recuerda que esto no era posible porque para poder tramitar un Plan Parcial modificativo del General con reclasificación de terrenos, éste debía disponer de Directrices Definitorias de la Estrategia de Evolución Urbana y de Ocupación del Territorio (DEUT). Algo que marcaba la normativa pero de lo cual no disponía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Burjassot de 1990, vigente en el momento de aprobación provisional del PAI. De manera que hasta que no se aprobase la revisión del PGOU, no podría iniciarse ni el procedimiento para el desarrollo de planeamiento ni, por tanto, el de gestión urbanística.
En este punto, Antifraude hace hincapié en la insuficiencia de los informes de los técnicos municipales. "En ningún caso", dice la agencia, se emitió informe desfavorable por parte de la técnico jurídica, "que únicamente indicó la inexistencia de las DEUT pero no las implicaciones de ello".
La agencia entra a valorar el Convenio Urbanístico y el de aprobación de Revisión del PGOU. Aquí, explica, sí que advirtieron los técnicos del Ayuntamiento de Burjassot de la necesidad de modificación de planeamiento para atender la propuesta recogida en el convenio, avisando de la falta de claridad de éste. El contenido del convenio, afirman, es contrario a la normativa aplicable porque contradice el planeamiento en vigor, al tiempo que condiciona el ejercicio delas potestades urbanísticas futuras (los planeamientos a tramitar en un futuro). Además, señala Antifraude, no se indica en el convenio que el concurso para la selección del agente urbanizador y la aprobación del PAI no podía realizarse hasta que se aprobase la revisión del Plan General.
"Los servicios técnicos no son claros a la hora de indicar el instrumento oportuno para llevar acabo el objeto del convenio, haciendo referencia a la revisión del plan, en unos casos, y a la modificación del plan (a través de un plan parcial) en otros. Cuando la única vía posible, como era conocido por los técnicos, era mediante la revisión del PGOU. No se podía llevar a cabo el desarrollo urbanístico (PAI) hasta que no estuviese aprobada la modificación del mismo, incluyendo la reclasificación del suelo. En consecuencia, no podría presentarse ni tramitarse un PAI, junto con un plan parcial que reclasificase los terrenos, de forma inmediata", concluye el informe. Sin embargo, se continuó con la tramitación del expediente, sin mencionarse nada de todo lo anterior.
El convenio urbanístico se firmó en 2009 por la mercantil de Febrer, la sociedad perteneciente al Grupo Eroski y el Ayuntamiento de Burjassot. Pero Antifraude remarca que se incumplió en varios aspectos. A ello se añade un aspecto relevante en opinión de la agencia: el arquitecto que colabora en su confección mantenía vínculos contractuales en relación con el citado PAI con la mercantil de Febrer al tiempo que era redactor de la revisión del PGOU de Burjassot. "La participación de una misma persona en la elaboración del PGOU (en ejercicio defunciones públicas como contratista de la administración) y del proyecto y programación del PAI (al existir relación contractual con el particular que presenta la propuesta), supone una influencia en el resultado de sus configuraciones, lo que conlleva a un conflicto de interés al existir un interés financiero, económico o personal que compromete la objetividad, imparcialidad e independencia de la persona participante en el contexto de los correspondientes procedimientos de su elaboración y aprobación", apunta.
De este modo, insiste la agencia, la persona redactora de la revisión del PGOU (contratista de la administración) estaba facilitando información a un particular interesado en una actuación urbanística (el convenio) y en cuya redacción también había participado, al tiempo que indicaba que iba a acelerar el trámite de modificación del PGOU para dar cobertura a la actuación objeto del convenio, de interés particular. "No se justifica que un contratista de un agente urbanizador, al tiempo que es contratista de la administración, en relación con servicios conexos como son el PAI y el PGOU (lo que es también irregular por suponer un conflicto de interés), le facilite información a aquel fuera de los cauces administrativos y realizando gestiones para favorecer los intereses de éste", indica.
El PAI finalmente fue denegado en los términos planteados inicialmente en el convenio por parte de la Conselleria de Territorio en 2019, una década después del inicio de su tramitación. Nada de lo previsto salió, por tanto, adelante. Pese a ello, Antifraude destaca que la realidad actual es que el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Burjassot, vigente actualmente, cuenta con un sector urbanizable terciario, cuyo suelo fuere clasificado con respecto al PGOU anterior de 1990. Y todo derivado del convenio urbanístico suscrito entre CVC, Eroski y el Ayuntamiento que se investiga en Azud.