Un bombero forestal ante el Palau de la Generalitat Valenciana. Foto: VPVALÈNCIA. Lo advirtió la Intervención de la Generalitat. Y ahora la Agencia Valenciana Antifraude ha vuelto a incidir sobre ello. La empresa pública de bomberos que se encarga de la gestión de las emergencias ha cometido varias irregularidades en la gestión de su personal, en la contratación de directivos y en el cobro de dietas injustificadas desde prácticamente su creación, en 2018.
El órgano que dirige Joan Llinares ha concluido una investigación tras recibir una denuncia en noviembre de 2021 y otra en octubre de 2022 sobre presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en materia de personal en la Sociedad de Gestión Integral de Servicios de Emergencia, matriz que albergará la futura Unitat Valenciana d’Emergències (UVE) cuyo decreto de creación fue aprobado este vienes por el pleno del Consell.
La resolución llegó el pasado 31 de diciembre y enmienda a la totalidad varios de los procesos selectivos que llevó a cabo la empresa pública para contratar a los directivos de la mercantil. En concreto, Antifraude detectó que la selección del puesto directivo de Gerente en el ejercicio 2019 y las contrataciones en 2020 del Director Ejecutivo, Director de Comunicaciones, Directora de Comunicaciones y Jefe de Servicio Operativo se hicieron sin un procedimiento de selección que cumpliera los principios constitucionales y sin la autorización previa de la Dirección General de Presupuestos.
A lo primero, están obligados tanto por la Constitución Española como por la Ley de Función Pública Valenciana, que determina que los principios de igualdad, mérito y capacidad se aplicarán a las entidades del sector público estatal, autonómico y local. A lo segundo, estaban obligados por la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2021. Dos incumplimientos que, además, se repitieron también en contrataciones temporales que hizo la empresa en 2020 y a las que tampoco incorporó, según el informe de Antifraude, la autorización previa de la Conselleria de Hacienda ni tampoco de Función Pública.
Respecto al nombramiento de gerente en 2019, Antifraude constata que "no se dio debida publicidad a la convocatoria, ni se favoreció la concurrencia, ni puede acreditarse que el aspirante adjudicatario del puesto lo haya fuera con base a criterios de mérito y capacidad". Y lo mismo ocurrió con el resto de nombramientos: "la realización de nombramientos de personal directivo mediante la presentación por la propia Gerente del currículum de la persona propuesta es un claro indicio de incumplimiento de los principios aplicables a la selección del personal directivo del sector público autonómico".
"Una evidente prueba de ello se encuentra en el Acta de 18 de mayo de 2020, en la que se hace constar por un miembro del Consejo de Administración que el consejero "valora la experiencia y formación de la candidata pero quiere dejar patente que carece de formación específica en emergencias", señala Antifraude en la resolución final de su investigación.
Con todo, el órgano que dirige Llinares constata que se vulneró la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley de la Función Pública Valenciana. Unas consideraciones que pide corregir para "garantizar la objetividad, imparcialidad, eficacia, probidad, integridad, ética pública y el buen gobierno" en la actuación de la entidad.
Como también alertó tiempo atrás el informe de auditoría incluido en la Cuenta General de la Generalitat, la denuncia alertaba también de que se estaban percibiendo dietas indebidas en la Sociedad por kilometraje. Unos gastos que ascendían a un total de 64.837,24 euros que Antifraude recoge en su informe que se han reclamado las cuantías y sobre lo que la empresa pública de bomberos alegó que se habían suspendido temporalmente el pago de las mismas. Por el momento, el organismo adherido a Les Corts Valencianes insta a la entidad a que reclame los importes a aquellos que los percibieron y no les correspondía el cobro.
