Antifraude detecta fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de València por 61.000 euros

VALÈNCIA. Nuevo tirón de orejas de la Agencia Valenciana Antifraude al Ayuntamiento de València. En este caso, tras haber detectado cuatro contratos fraccionados desde la concejalía de Emergencia Climática a dos empresas vinculadas entre ellas. El departamento que dirige Alejandro Ramón, se saltó la ley y adjudicó sin concurso público cuatro contratos menores por valor total de 61.000 euros que, a juicio del organismo de control, tendrían que haber constituido uno sólo y haberse licitado.

"Se han llevado a cabo varios contratos menores incurriendo en un fraccionamiento no permitido del objeto del contrato", explica con contundencia en las conclusiones del informe final de la investigación, para añadir que al ser calificados como menores, "no han sido sometidos a fiscalización previa". Y todo ello supone que se "han eludido las normas" de contratación y de fiscalización.

Se trata de cuatro contratos adjudicados entre 2018 y 2021 que tenían el mismo objeto: el diseño, la coordinación, organización y comunicación de una campaña emprendida por la concejalía de Ramón bajo el nombre 'València cambia pel clima'. Así, el organismo que dirige Joan Llinares insiste en que las necesidades que se cubrieron fueron "repetitivas", y eran periódicas, recurrentes y previsibles. Lo cual obligaba a licitar un contrato para varios años, y no hacer cuatro contratos menores por separado sin concurso.

Pero las irregularidades van más allá porque, aunque en los procedimientos se pudieran solicitar presupuestos a varias empresas, dos de ellas estaban vinculadas, por lo que realmente "no se promovió concurrencia alguna real". A estas dos firmas se les solicitaba presupuestos "de forma recurrente" existiendo entre ellas una "clara vinculación", y de esta manera resultaba adjudicataria "cualquiera de ellas en virtud de lo que los representantes de la mismas [...] consideren oportuno". Y eso, "con la falta de control municipal".

Además, las conclusiones de la investigación insisten en que "no se llevó a cabo ningún tipo de estudio de mercado" para saber qué precios eran los más adecuados a los servicios que se estaban contratado: "No constan estudios previos para el establecimiento de los precios". Y una vez prestados los servicios, tampoco se hizo "ningún informe de conformidad sobre la correcta ejecución de los servicios". De hecho, en el del 2020, "no corresponde lo presupuestado con lo ejecutado" y no existe explicación.

En tres de los cuatro casos, asimismo, tampoco constan las solicitudes de presupuestos a las diferentes empresa, "ni qué funcionario los solicitó, ni en la fecha en que se hizo". En uno ni siquiera constan ofertas diferentes a la de los adjudicatarios. Múltiples irregularidades que han tenido como consecuencia unas importantes instrucciones para el consistorio.

Así, la Agencia insta al Ayuntamiento de València a que revise de oficio los cuatro expedientes para acreditar el coste efectivo de mercado de los servicios que se contrataron, e incluso valorar la posibilidad de reclamar dinero en el caso que se detecten desfases. También exige al consistorio la apertura de expedientes internos para exigir responsabilidades entre el personal municipal por el fraccionamiento de los contratos,

La investigación en este caso partió de una denuncia del grupo municipal de Ciudadanos, que dirige Fernando Giner, que cifraba en más de 61.000 euros los adjudicados en contratos menores a estas dos firmas. Según explicó Giner, estas contrataciones se dieron "a dos empresas de Castellón vinculadas societariamente". Ahora Antifraude le da la razón y el portavoz insiste en que el consistorio "tendría que haber convocado un concurso público" pero "despedazó los contratos para poder adjudicarlos a dedo a sus amigos".

Giner calificó como "muy grave" el hecho de que "durante años se haya falseado esta adjudicación". "Además, ellos mismos sabían perfectamente que algo estaban haciendo mal, pues en 2022 sí que se ha revertido esta situación, lo que demuestra que el gobierno de Ribó era consciente de la ilegalidad que estaba cometiendo", asegura el portavoz.

“Se trata, por tanto, de irregularidades graves que Compromís debe aclarar urgentemente y depurar las responsabilidades internas que proceda", apunta Giner, para calificar como una "vergüenza" que "una de las supuestas banderas de Compromís, como es la ecología, se haya utilizado para beneficiar a sus amigos".