VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha confirmado las irregularidades administrativas que ya recogió en su informe provisional sobre la gestión del Punto de Encuentro Familiar de la ciudad de València. Así, ha instado al Ayuntamiento de València a revisar de oficio todos aquellos actos que se podrían considerar nulos en los encargos y pagos realizados para la gestión de este servicio desde octubre de 2015 hasta el momento. Los servicios se prestaron desde entonces mediante encargos, fuera de contrato, "prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y del cumplimiento de la normativa contractual".
Así pues, el consistorio deberá, por tanto, revisar tanto los encargos realizados a la asociación Alanna, diversos colegios profesionales y un abogado que ascienden a un montante total de 1,2 millones de euros pagados fuera de contrato y por la vía del enriquecimiento injusto. Cantidad que además, sería superior a la que jurídicamente estaba obligado a abonar el consistorio según el criterio esgrimido por la Agencia.
En este sentido, la concejalía de Bienestar Social deberá también cuantificar "los perjuicios producidos" tras la revisión y que "deben ser objeto de resarcimiento" a las arcas municipales para evitar "el menoscabo de caudales o efectos públicos y las posibles responsabilidades que de ello se pudieran derivar". Y en tercer lugar, se deberán depurar "las responsabilidades de todo tipo que corresponda" entre el personal del consistorio por las deficiencias administrativas encontradas en este expediente.
En descargo del Ayuntamiento cabría reseñar que la prestación de los servicios del Punto de Encuentro Familiar se encuentra ciertamente en una situación de inestabilidad y transitoriedad contractual, al estar la gestión en proceso de trasvase desde la administración municipal a la Generalitat Valenciana, quien tiene la competencia en este campo.
Hasta 2016, la Generalitat, el Ayuntamiento, diversos colegios profesionales y el Consejo General del Poder Judicial habían suscrito un convenio para la prestación de diferentes servicios en estos centros con la posibilidad de prorrogar el acuerdo un año. Sin embargo, la concejalía de Bienestar Social, que dirigía entonces Consol Castillo, tampoco hizo uso de la prórroga, y a partir de 2017 estos servicios se empezaron a realizar a través de encargos a los mismos colegios excepto al de Abogados, que fue sustituido por un abogado particular.
No obstante, según especifica Antifraude, las cuantías que se indicaban en el convenio se vieron incrementadas con este cambio "sin que medie explicación de los motivos del incremento, salvo que han aumentado los costes de personal y la utilización del PEF, pero no existe un estudio detallado de ese aumento". En sus alegaciones, el Ayuntamiento esgrime que el incremento se debió al aumento de la demanda del servicio y por la subida de salarios del personal del centro, "pero no se acredita ni se documenta la cuantificación de tales incrementos", sentencia la Agencia. Los pagos sin contrato en estas facturas han ascendido a casi 800.000 euros.
Todo ello, en cuanto al convenio. Y por otra parte, el Ayuntamiento de València había suscrito un contrato de apoyo y atención al Punto de Encuentro Familiar de València, que complementaba los servicios prestados por los colegios y que finalizaba en septiembre de 2015, con una posible prórroga de dos ejercicios que tampoco se ejerció. De manera que desde esa fecha, este apoyo se ha venido prestando "sin contrato" y sin que haya "quedado clara cuál fue la causa de esta decisión". Desde entonces, este servicio se ha prestado mediante encargos y fuera de contrato y se han pagado facturas por valor de 476.000 euros aproximadamente en esta situación.
¿Por qué no se prorrogó este contrato? Las alegaciones consistoriales no pueden explicarlo porque "ninguna persona técnica de las actuales prestaba servicios en aquel momento", algo que Antifraude no considera aceptable porque, explica, el Ayuntamiento debe tener sistemas de ordenación y control de contratos independientemente de las personas que estén trabajando en cada momento.
No fue hasta 2017 cuando el consistorio inició un nuevo procedimiento de contratación para este apoyo, lo cual según Antifraude manifiesta "una falta de diligencia en una prestación de esta naturaleza, tan necesaria y tan delicada" y que "en todo el proceso adoleció de una planificación deficiente y un seguimiento insuficiente".
Como la Generalitat Valenciana tiene la competencia en estos centros, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que lidera Mónica Oltra inició su propio procedimiento de contratación en febrero de 2018 para los Puntos de Encuentro Familiar de toda la Comunitat Valenciana, entre ellos el de València, y esperaba que en diciembre de ese año la licitación se hubiera resuelto. No obstante, advertía al consistorio de que si el contrato no estaba formalizado a esa fecha, no podría hacerse cargo del centro.
Pese a que faltaban 10 meses para que estuviera listo el contrato autonómico, el Ayuntamiento de València paralizó su propio proceso con la mala fortuna de que en septiembre, la Generalitat Valenciana desistió de su concurso tras anularlo el Tribunal de Recursos Contractuales por excluir a las empresas privadas del proceso. Desde entonces el Ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat en tres ocasiones saber cómo está el procedimiento, que fue reiniciado recientemente.
Durante los pagos que ha estado haciendo el consistorio sin respaldo contractual, el secretario del Ayuntamiento ha insistido en que "a la mayor brevedad, deberá procederse a la regularizar la actual situación", bien acordando con la Conselleria la asunción de los servicios, o bien retomando el trámite municipal para un nuevo contrato. También la Intervención ha apuntado varias veces en ese sentido.
Ante toda esta situación de irregularidad administrativa, el Ayuntamiento decidió en diciembre de 2020 y tras la investigación de la Agencia, finalizar la prestación del servicio del Punto de Encuentro Familiar en junio de 2021, tiempo que se considera suficiente para que la Generalitat Valenciana finalice su proceso de contratación. Además, la Conselleria también asumirá el pago de los servicios prestados entre 2019 y 2020. "No se aporta, sin embargo, la tal aludida solicitud de compensación", apostilla Antifraude.
A la postre, desde que acabara el contrato de apoyo en 2015 y el convenio en 2016 y hasta marzo de 2020, el Ayuntamiento de València ha pagado los servicios prestados durante este período por la vía del enriquecimiento injusto, sin contrato, 550.000 euros a la Asociación Alana; 14.000 al Colegio de Abogados; 65.000 al abogado José Gabriel Ortolá; 270.000 al Colegio de Educadores Sociales; 270.000 al de Trabajadores Sociales; y 183.000 al de Psicólogos. En total, 1,2 millones de euros.
Pero va más allá Antifraude: el dinero que se ha estado pagando hasta ahora a partir de las facturas emitidas por los profesionales es mayor del que debería haber abonado, puesto que "la compensación económica por las prestaciones realizadas no debe ser igual al precio del contrato [...] porque estamos al margen del mismo, ya que no existe". Así pues únicamente se debería pagar el "valor de la prestación realizada o coste efectivo", excluyendo así el beneficio industrial que sí se contemplaría dentro de un contrato.
Antifraude recuerda también que esta vía de pago tiene un carácter "subsidiario y excepcional". Pero esto no se ha cumplido en este caso, dado que ha sido la práctica habitual durante cuatro y cinco años, legitimando pagos por encargo "al margen de dichos cauces legales, en colisión frontal con los principios" de igualdad, transparencia y libre concurrencia. Y además, el uso de este cauce "ha impedido el control de la ejecución" de los servicios prestados por los profesionales.
Pese a todo, el consistorio no ha iniciado un procedimiento "para depurar las responsabilidades a que en su caso, hubiere lugar por parte de las autoridades o funcionarios", algo que ha pedido la Intervención. El organismo también critica que la Generalitat no haya asumido sus obligaciones desde 2018.
Además de revisar los encargos y las facturas y depurar las responsabilidades que procedan, la Agencia Valenciana Antifraude recoge en sus recomendaciones que el Ayuntamiento de València y en concreto la concejalía de Bienestar Social, que ahora dirige Isa Lozano, debería elaborar un sistema organizativo de trabajo que permita identificar las competencias de cada empleado de la concejalía en cada momento para, en un futuro, si ocurre un caso similar, poder depurar las responsabilidades que correspondan ante cualquier incumplimeinto.
Asimismo, el organismo recomienda al consistorio establecer un protocolo de actuación en el que se indiquen cómo se va a llevar a cabo ese trasvase de la gestión del servicio con la Generalitat Valenciana antes de febrero de 2021. Y además, el consistorio debería en este sentido acreditar que ha solicitado a la Generalitat el abono de los servicios prestados entre 2019 y 2020.
Todas las recomendaciones, incluida la revisión de facturas y resoluciones del expediente, debería ser llevada a cabo por la concejalía o, en caso contrario, justificar su inaplicación ante la Agencia. De no ser así, el organismo recogerá todos estos extremos en su informe anual remitido a les Corts Valencianes.
