Antifraude pide a Pedralba que devuelva las cantidades "debidamente impagadas" a ediles del gobierno

VALÈNCIA. (EP) La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) insta al Ayuntamiento de Pedralba a dejar sin efecto y devolver algunas cantidades "debidamente impagadas" al equipo de gobierno por conceptos sin "encaje legal" en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La resolución del organismo, fechada el 26 de octubre y consultada por Europa Press, parte de una serie de alertas presentadas sobre la presunta existencia de "irregularidades" en el consistorio, dirigido por el PP, entre otras cuestiones por la percepción del equipo de gobierno de remuneraciones mensuales en concepto de indemnizaciones por dedicación a labores del propio cargo por las que supuestamente se considera que se trata de una dedicación parcial encubierta sin alta en la Seguridad Social.

Asimismo, se denunciaba "el pago de productividades fijas a personal funcionario y laboral de forma irregular" y la adjudicación de diversas instalaciones municipales para su explotación --pista de pádel y tenis-- sin concurso público y la cesión "ilegal" de trabajadores al Ayuntamiento.

Tras estudiar el caso, Antifraude realiza una serie de recomendaciones. Entre ellas, y en relación con la percepción de contraprestaciones económicas por parte de los miembros de la corporación, insta a tramitar el oportuno procedimiento de revisión de oficio del acuerdo plenario de 2019 relativo al establecimiento de
asignaciones a los miembros de la corporación que no desempeñen el cargo en régimen de dedicación exclusiva ni parcial, consistente en un módulo de 6 horas de dedicación efectiva al Ayuntamiento a razón de 54,06 euros/módulo; siendo el máximo de módulos semanales de 5, "al no tener encaje legal en ninguno de los apartados del citado art. 75 de la Ley 7/85".

En consecuencia, deberán "dejarse sin efecto tales asignaciones a miembros de la corporación sin dedicación exclusiva ni parcial, o, en su caso y previo cumplimiento del resto de normativa presupuestaria, contable y de control interno, transformarlas en las oportunas dedicaciones parciales, con alta en el régimen general de la seguridad social, incompatibles con la percepción de
indemnizaciones por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados y resto de condiciones aplicables a la misma".

Derivado de este procedimiento, en relación con las retribuciones
ya reconocidas a los miembros de la corporación, se recomienda o regularizar las obligaciones con la seguridad social que proceda, por la percepción de todas las asignaciones económicas por módulos a miembros de la corporación sin dedicación exclusiva ni parcial e instar a la devolución de las cantidades "indebidamente pagadas".

Al hilo de la resolución de la agencia, la portavoz de Compromís en Pedralba, Mercedes Cuesta, ha recalcado que la AVAF "hace constar que el Ayuntamiento de Pedralba dirigido por el Partido Popular ha establecido una serie de retribuciones fijas y periódicas en favor de cargos electos fuera del régimen de la dedicación exclusiva o parcial, sin alta en la seguridad social que no se ajustan a derecho".

Agrega, en un comunicado, que en el mismo escrito de investigación se alude a "otras irregularidades como el pago de productividades fijas a personal funcionario y laboral, la adjudicación de las instalaciones municipales para su explotación sin concurso público (pistas de pádel y tenis), la cesión ilegal de trabajadores de GIRSA y GSLOCAL a la entidad denunciada y la contratación de personal sin proceso selectivo".

Cuesta lo interpreta como "un toque de atención al equipo de gobierno para que sea transparente y publique todos los sueldos públicos y retribuciones que se reciben por parte de los cargos públicos, y que abandonen la opacidad que se ha dado durante los últimos años".

Desde Compromís, se insta a la alcaldesa a que "haga efectivas estas instrucciones dadas por la Agencia Antifraude y se cumpla con la legalidad devolviendo los 124.00 euros que se han recibido de forma irregular en este periodo", así como que "se revisen los contratos, adjudicaciones y servicios que se han otorgado o prestado sin seguir las prescripciones legales".