La ex edil de Servicios Sociales, Consol Castillo. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La concejalía de Bienestar Social pagó más de 90.000 de manera indebida a una contrata del servicio de catering en tres centros ocupacionales dependientes del consistorio. La Agencia Valenciana Antifraude ha reprendido al Ayuntamiento de València por las irregularidades en la tramitación de los contratos de este servicio, y lo ha hecho en un duro informe de conclusiones que dice que el consistorio debe depurar "las responsabilidades de todo tipo que corresponda del personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas".
El escrito, enviado al Ayuntamiento a finales del pasado mes y al que ha tenido acceso Valencia Plaza, insta al consistorio a revisar de oficio el contrato y cuantificar "los perjuicios producidos" que "deben ser objeto de resarcimiento al erario municipal para evitar el menoscabo de caudales o efectos públicos y las posibles responsabilidades que de ello se pudiera derivar". El organismo que dirige Joan Llinares ha constatado que entre 2017 y 2020 se pagaron, concretamente, 91.908,17 euros por encima del precio de mercado mediante encargo sin concurso.
Todo empezó hace tres años, en 2017, cuando la concejalía de la que se encargaba Consol Castillo prescindió de la empresa que prestaba el servicio al estar disconforme con la calidad del menú, que la firma cobraba a 3,7 euros por unidad. El contrato contemplaba la prórroga pero no se activó por "la vergonzosa calidad del servicio", "que probablemente estuviera relacionada con el precio ridículo por el que se adjudicó el contrato" en 2015, según la concejalía.
Seis meses antes de dar por finalizada la relación contractual, el Ayuntamiento ya se había reunido con la empresa para indicarle "medidas correctoras" tras varias quejas recibidas, pero éstas no fueron implementadas adecuadamente. Por ello, Antifraude considera el departamento de Castillo "ya tenía perfectamente conocimiento" de que no iba a prorrogar dicho contrato y que, por tanto, tenía margen para preparar un concurso público.
Sin embargo esto no sucedió, y como el servicio tenía que seguir prestándose, la concejalía hizo un encargo directo a otra empresa, Novaterra Catering, hasta que se llevara a cabo la licitación pública. A esta el consistorio le pagaba 8 euros por unidad. Pero el Ayuntamiento no inició los trámites para un nuevo concurso hasta un año y tres meses después, justo cuando la vicesecretaría general pidió explicaciones a la concejalía sobre "las circunstancias concurrentes por las que se mantiene tal situación [pagándose facturas sin contrato y sin visos de convocarse el concurso]".
Un retraso que el consistorio achaca a la falta de personal pero al que Antifraude no encuentra justificación, al entender que esto se podría haber hecho mucho antes, cuando se detectaron quejas en el anterior servicio. Con todo, el concurso no se acabó adjudicando hasta marzo de 2020, ya con la edil Isa Lozano al frente. Por tanto, desde 2017 hasta 2020, Novaterra Catering estuvo prestando el servicio sin cobertura contractual de manera irregular, y el Ayuntamiento abonó cada doce meses cerca de 200.000 euros. En total, 534.600 euros pagados sin contrato.
En este punto es donde se detiene la Agencia Valenciana Antifraude, al comparar lo que había estado percibiendo Novaterra y los términos económicos de la nueva licitación. Los pliegos fijaron un precio máximo de 6,7 euros la unidad -1,3 menos que a Novaterra-. Finalmente, la adjudicación del nuevo contrato fue por 6,05 euros. Un precio que, según detalla Antifraude, habría ahorrado a las arcas municipales casi 92.000 euros si se hubiera convocado el concurso cuando tocaba.
Así, Antifraude considera que estos acontecimientos habrían "generado importantes plusvalías a favor del empresario -Novaterra- y en detrimento de las arcas municipales". Asimismo, durante los tres años en los que se estuvo operando de esta manera, la falta de contrato impidió el control por parte del Ayuntamiento de la ejecución del servicio. La falta de concurrencia también habría causado un "perjuicio a las demás empresas del ramo", además de que no existe la certeza de que se estuviera prestando el servicio "con arreglo a la mejor relación calidad/precio".
A más abundamiento, el organismo señala que en esta situación extracontractual, la empresa no puede percibir el beneficio industrial que sí se debe contemplar con un contrato. Esta situación irregular se mantuvo durante 28 meses "sin que por parte de los responsables del Ayuntamiento de Valencia se adoptaran las primeras medidas para su corrección", todo lo cual ha evidenciado "la falta de planificación y diligencia debida para preparar y licitar un contrato". A la postre, estos defectos habrían costado a las arcas municipales 92.000 euros que, a juicio de Antifraude, nunca debieron salir si se hubiera tramitado el concurso a tiempo.
Ahora la Agencia insta al consistorio a revisar de oficio el encargo a Novaterra y a determinar si todos los pagos sin contrato se ajustaban al valor del mercado. Más tarde, finalizada la revisión, exige que el Ayuntamiento inicie procedimientos disciplinarios o para dirimir responsabilidades tanto del personal como de las autoridades.
