Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA (EP). La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) recibió 453 denuncias en el año 2022, 94 más que en 2021. De ellas, la mayoría fueron denuncias anónimas (un 58%) y fueron dirigidas principalmente a las administraciones locales, en concreto, a procesos de selección, "una de las peores corrupciones".
Así lo ha explicado el director de la agencia, Joan Llinares, que ha presentado este martes la memoria anual ante Les Corts Valencianes, y ha explicado que la Agencia ha instado a recuperar más de 5,6 millones de euros.
La cantidad es significativamente inferior a la de 2021, cuando ascendió a 23 millones de euros, aunque se debía a que el Ayuntamiento de Borriana debía recuperar 21 millones de los PAI de la crisis inmobiliaria.
Entre los datos que ha ofrecido el director, destaca que el 79% de las personas protegidas por la Agencia lo son con respecto a las entidades de la administración local. El 65% de ellas son hombres y el 35%, mujeres.
Antifraude ha concedido, en total, 29 estatutos de protección: 13 en Alicante, nueve en València, cuatro en el conjunto de la Comunitat Valenciana y tres en Castellón.
Respecto a las "administraciones incumplidoras", han pasado de cinco en 2021 a 14 en 2022. Entre ellas, la propia Generalitat; las Diputaciones de Alicante y València; el IVAM, el Patronato de Turismo Costa Blanca y los ayuntamientos de València, Benidorm, Torrevieja, Tous, Alcoi, Gavarda, San Antonio de Benagéber y una entidad del Ayuntamiento de Paterna. De hecho, ha reprochado a Benidorm su "actitud claramente beligerante y ofensiva".
Llinares ha comentado que, en muchos casos, estas administraciones tienen una actitud de "no bajarse del burro" en la irregularidad señalada, pero que no vuelven a incurrir en ella, por lo que ha mostrado un "50% de satisfacción" al respecto. "Hay una actitud de enroque", ha manifestado respecto a lo ya realizado, pero también ha indicado que reincidir podría devenir en conducta de prevaricación.
Además, la Agencia ha participado como perito judicial en 19 procedimientos; ha detectado y bloqueado 19.000 ataques de ciberseguridad, tres veces más que en 2021, y ha ofrecido formación a 4.382 personas. De ellas, 1.057 son estudiantes de bachillerato, institutos y universidades.
Por tipología de la denuncia, el 44% de las denuncias de 2022 (201) hacen referencia a la gestión de recursos humanos, en concreto, a procesos de selección. "Regalar un sueldo para toda la vida a una persona que no reúne las condiciones que la Constitución recoge de mérito y capacidad, es una de las peores corrupciones que puede haber", ha remarcado Llinares: "Es un incumplimiento de la Constitución este tipo de práctica corrupta que no tiene responsabilidad penal".
Además, ha lamentado que este tipo de personas que acceden a un cargo vitalicio sin cumplir las condiciones "siempre se lo deberán" a la persona que les ha colocado, con lo que se vicia su gestión de lo público.
Llinares ha concretado que hay 86 denuncias por procesos selectivos, 38 por acceso y 19 por procedimientos de provisión de puestos. El resto de denuncias por motivos laborales van desde incompatibilidades y conflictos de intereses a retribuciones y pago de horas extraordinarias.
El director ha explicado que han recibido peticiones para involucrarse en el control de este tipo de procesos, aunque la Agencia no tiene competencias para ello.
También ha lamentado que siguen produciéndose situaciones que empañan este tipo de procesos, como "filtraciones, relaciones de academias preparatorias con miembros de los tribunales y preguntas que salen que se han explicado en las academias".