una operación que se financiará íntegramente con fondos propios
Crèdit Andorrà cierra el acuerdo de compra de Vall Banc
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MADRID (EP). Los antiguos accionistas de BPA, los hermanos Cierco, junto al exconsejero delegado Joan Pau Miquel, han solicitado a la Justicia americana pruebas que estén en manos de la administración de ese país en relación al fondo JC Flowers y el proceso de compra de Vall Banc. Según el escrito remitido, la nueva acción que ponen en marcha se conoce como 'petición bajo la ley 1782 del código federal', que permite a una parte en un litigio en un tema extranjero tomar prueba localizada dentro de Estados Unidos como si el litigio fuera americano.
Los antiguos accionistas del banco presentaron a finales de septiembre una querella en los juzgados contra algunas autoridades bancarias andorranas y gestores por una presunta operación fraudulenta de unos 80 millones de euros que habría causado perjuicio a los actuales clientes, una vez nacionalizada la entidad.
En el escrito remitido entonces, los querellantes acusaron a miembros de la Agencia estatal andorrana de Resolución de Entidades Bancarias (Areb), a administradores de BPA designados por el Principado, al consejo de Vall Banc y a representantes del fondo JC Flowers. Según los querellantes, estos habrían realizado presuntas maniobras financieras, con el banco ya público, que habrían podido suponer unos "beneficios ilícitos" en perjuicio para actuales clientes y, en un futuro, de cara la liquidación del banco intervenido.
Ahora, los exdueños de BPA creen que el vínculo americano de JCF permite preguntar a las autoridades americanas por cualquier elemento que relacionado con ese fondo sirva a los litigantes "como prueba" para aportar con posterioridad en la causa penal abierta en Andorra. Añaden que esperan recabar contratos, propuestas o informes que demuestran que la emisión de bonos que se realizó formaron parte de "una estrategia de compensación o beneficio presunto para el fondo americano" y que no tuvo el valor que se le dio en su día.
En la querella de septiembre, constaron que Vall Banc, en coordinación con Areb, emitió después unas obligaciones convertibles en acciones por el mismo valor, si bien una vez publicadas las cuentas, "dichos traspasos no han tenido el equilibrio que se presuponía y se habrían llevado a cabo operaciones tendentes a descapitalizar más si cabía" la entidad intervenida, según ellos. En concreto apuntan que los balances de Vall Banc reconocen que los bienes que en su día recibió de BPA y que la Areb valoró en 70 millones, en realidad valen más de 96,5 millones en base a sus cálculos.