La Audiencia de Valencia aplaza a 2026 el juicio de la pieza E de 'Taula' tras negarle refuerzos el TSJCV

VALÈNCIA. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha aplazado un año, hasta febrero de 2026, el juicio de la pieza E del caso Taula -también conocido como caso Imelsa-, en la que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007.

El motivo del aplazamiento, según una providencia dictada por la sala que preside Concepción Ceres, es que el pasado 4 de diciembre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) denegó "el refuerzo de un magistrado para poder celebrar el juicio de la presente causa y el dictado de la sentencia, sin repercutir en el resto de juicios y actividad ordinaria" de la sala encargada del juicio. Según el escrito, esto hace "imposible con el número de magistrados de esta Sección atender la celebración de este juicio al tiempo que los restantes señalados y sin magistrado de apoyo que pueda asumir los juicios, recurso de apelación, ejecutorias y demás actuaciones correspondientes a la magistrada ponente, dado el ingente volumen de asuntos que asume esta Sección".

El juicio estaba previsto para los días 10 de febrero de 2025 y siguientes y se procede a un nuevo señalamiento para los días 26 de enero hasta el 19 de febrero de 2026.

Marcos Benavent, el principal acusado

La pieza E está centrada en las presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007. Concretamente, los relativos a la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de la ciudad como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad, además de la XXVII edición de la edición del festival de cine de la Mostra.

El principal acusado en la causa que investigó el Juzgado de Instrucción número 18 de València es el exgerente de Imelsa Marcos Benavent. También se sentará en el banquillo el exgerente de la Fundación Jaume II El Just Vicente Burgos, inicialmente exonerado en la causa por el magistrado instructor pero incluido a última hora a instancias de la Audiencia Provincial tras un recurso de la Fiscalía.

Además, están acusados tres empresarios: Carlos Vicente Gil (adjudicatario de las obras de la Lonja y los puentes históricos, aunque vendió su empresa en 2005), Carlos Turró (responsable de Cleop, la adjudicataria de las torres de Quart) y Enrique Aleixandre Chumillas (por los contratos de la Mostra). 

En su escrito de apertura de juicio oral, el magistrado atribuye a Benavent un delito continuado de cohecho, un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. A Burgos lo considera presunto autor de un delito continuado de malversación, mientras que a los empresarios les atribuye un delito de cohecho. Por estos hechos, la Fiscalía pide seis años de cárcel para Benavent, cinco años para Burgos; y tres años para los empresarios. 

Amaño de contratos

En su escrito de calificación, hace una cronología de lo ocurrido. Así, recuerda que de 2003 a 2008 se encontraba como concejal de Cultura del Ayuntamiento de València María José Alcón (fallecida en 2018), quien en aquella época era pareja de Burgos y tenía capacidad de influencia en los contratos del consistorio. 

En la Fundación Jaume II El Just "se encontraba colocado" Benavent con el conocimiento de su entonces gerente. "A pesar de cobrar un sueldo público, en realidad desempeñaba sus funciones exclusivamente para el PP". Allí, dice, estuvo sin contrato y no desempeñó función efectiva alguna hasta que se fue a Imelsa (la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia). 

Durante esos años, "se dedicó a cobrar comisiones a empresas a cambio de contratos públicos", recuerda el fiscal. Algunos de estos contratos habrían sido los del departamento de Cultura del Ayuntamiento de València: las obras de limpieza y mantenimiento de La Lonja; las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart; la XXVII Mostra de Valencia

La Fiscalía cree que todas esas adjudicaciones estuvieron amañadas, con interferencias en las Mesas de contratación y en las puntuaciones favorables a las empresas que se las llevaron o con la introducción de criterios subjetivos en los pliegos de condiciones.