VALÈNCIA. La Ley de Memoria Democrática para la Convivencia de la Comunitat Valenciana, que prevé la elaboración de un censo de niños robados durante la dictadura franquista y también la creación de un banco de datos de ADN que recoja muestras de las personas afectadas por estos hechos, ha sido aprobada este jueves en las Corts Valencianes con los votos a favor de Compromís, Podemos, PSPV y en contra del PP. Por su parte, Cs se ha abstenido.
Esta ley regulará las políticas públicas para la recuperación, protección y conservación de la memoria democrática valenciana, pero también articulará una serie de actuaciones para el reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión en las tres provincias valencianas con el objetivo de "promover los valores democráticos mediante el recuerdo y el homenaje a quienes padecieron las consecuencias del conflicto bélico y de la dictadura franquista".
El texto se articula en tres derechos fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la memoria. Para ello, recoge la elaboración de un censo de niños robados durante la dictadura franquista y también la creación de un banco de datos de ADN que recoja muestras de las personas afectadas por estos robos, tanto en el caso de madres biológicas como de personas adoptadas. Se procurará la debida coordinación con otros bancos de ADN existentes.
Además, incluye la obligatoriedad de la Generalitat a realizar las actuaciones necesarias para "recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas y para elaborar mapas de localización de los restos, así como será la responsable de autorizar la localización, exhumación e identificación de los restos y de autorizar sobre el terreno o la remoción de los mismos cuando se tenga conocimiento de la existencia de restos".
También, regula la obligación de las instituciones de impedir la impunidad y obliga a que la materia de la memoria democrática sea incluida en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, del bachillerato y en la educación permanente de personas adultas, si como en los planes de formación del profesorado y que pueda ser considerada en los estudios universitarios que proceda con el objetivo de garantizar el derecho al conocimiento de la verdad y de la memoria.
Además, recoge la prohibición de exhibir públicamente símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, propone que el 28 de marzo sea día de recuerdo y homenaje a la figura del fallecido poeta Miguel Hernández y crea el Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, encargado de realizar las labores de estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la ley.
En él se integra el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación del movimiento memorialista que opera en la Comunitat Valenciana.
Durante el debate, el diputado de Cs Emigdio Tormo ha señalado que es una ley que "no se ajusta a lo que los valencianos necesitan" y, aunque tiene "elementos evidentes elementos positivos", otros muchos aspectos "distan ser de los que valencianos del siglo XXI les hace falta".
Por tanto, ha considerado que es "manifiestamente mejorable" porque "tiene todavía un pie en el siglo XX". "Nos resulta imposible apoyar una ley demasiado escorada todavía en el siglo XX y a una sola parte de los españoles como si el sufrimiento tuviera color azul o rojo", ha explicado.
Desde Podemos, la diputada Llum Quiñonero, ha manifestado que con esta norma se valida "el derecho a la verdad, la justicia y a la reparación" y se consigue "llamar a los cosas por su nombre" y "dar altavoces y recursos victimas del autoritarismo".
En este sentido, ha lamentado que a día de hoy se mantenga "un relato único que aun sobrevive en la médula de nuestra sociedad y en las entrañas y que ha consentido que en 2017 sigan en las cuneta los muertos de aquel golpe de Estado". "Que entre la luz y corra aire por los viejos pasillos de la historia que se los ha negado tantas veces", ha destacado.
Desde Compromís, la diputada Mariam Campello ha destacado la importancia de la ley para "poner historia donde otros ponen mitología y memora donde otros ponen nostalgia". A su juicio, lo que hace más necesaria esta norma es que muchos utilizan el shock para "que nadie cambie", por lo que ha pedido al PP que vuelva a "la vía de la constitucionalidad". "Pongamos memoria y reparemos", ha remarcado.
En similares términos se ha pronunciado la diputada del PSPV, Mercedes Caballero quien ha considerado que la norma "abre un nuevo tiempo de concordia y convivencia con nuestra historia". "La ley habla del derecho a la verdad, la memoria y la reparación", ha indicado para insistir destacar que con esta ley y desde la "perspectiva integradora", "saldamos una deuda con las víctimas".
No obstante para el PP es una norma que "distingue entre víctimas" y ha lamentado que durante el debate del texto en comisión no se haya tenido en cuenta "ninguna" enmienda de su grupo. Así, el diputado 'popular' Luis Santamaría ha dicho que es una ley que "repara a las víctimas del franquismo", pero se "olvida" de las del Frente Popular. "Nos parece triste que distingan a unas víctimas de otras", ha lamentado.
Santamaría ha remarcado que el derecho a la verdad que se propone en el texto es "adoctrinamiento" a los profesores en las escuelas, por lo que ha advertido de que el PPCV estará "atento" por si alguna conducta se tiene que llevar a los tribunales.
"No cuestionamos la legitimidad del derecho de los familiares de un bando y otro a enterrar sus seres queridos y averiguar lo que sucedió porque estamos de acuerdo en que en este país haya un conocimiento profundo de lo que pasó", ha subrayado para remarcar que no se ha tenido en cuenta las peticiones de su grupo por "razones sectarias".
