VALÈNCIA (EFE). El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este miércoles la ley de Servicios sociales inclusivos, gracias a la cual la Comunitat Valenciana se convierte en la primera autonomía de España que los declara por ley como servicios "de interés general y esencial".
La ley ha sido aprobada con los votos a favor del PSPV, Compromís y Podem, mientras que Ciudadanos se ha abstenido y el PP ha votado en contra y ha anunciado, además, un recurso al Tribunal Constitucional por "falta de transparencia" en la tramitación de la norma si la Mesa de Les Corts no acepta su recurso de reposición.
La nueva legislación apuesta por el sistema público de servicios sociales, pretende superar el marco asistencial de épocas anteriores, garantiza los derechos de las personas mediante un catálogo de prestaciones, y crea el Instituto Valenciano de Formación, Calidad e investigación en Servicios Sociales, para promover la calidad en los servicios.
Gracias a esta norma, se creará la historia social única y compartida, que reducirá la burocracia; se estructurarán los servicios sociales en atención primaria y en atención secundaria; y se establecerá un mapa de servicios sociales en el que se identificarán las necesidades y su cobertura.
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado que la ley implica "blindar los derechos sociales" y que estos dejen de ser "la hermana pobre de los poderes públicos", pues se sitúan "al mismo nivel que Sanidad y Educación en las competencias autonómicas" y como "la cuarta pata" del Estado de bienestar.
Según ha dicho, esta es "la primera ley en España de cuarta generación", con la que se "ordena" el sistema de servicios sociales, se "desmercantiliza", se aclaran las competencias de organización y financiación y en definitiva se pasa de un sistema "asistencialista" a uno de derechos subjetivos y universal.
La diputada socialista Concha Andrés ha aseverado que esta norma, de la que ha destacado tiene la prevención como una prioridad y reconoce la importancia del diagnóstico precoz y una pronta intervención social, es "el presente y el futuro de muchas generaciones", y contribuirá a una sociedad "más justa".
La diputada de Compromís Mónica Álvaro ha indicado que, después de dos décadas de una ley de servicios sociales "obsoleta y caritativa", era "urgente" mejorarla y dar paso a una ley "universal, accesible, necesaria, inclusiva y de última generación, que pone por fin las cosas donde deberían estar".
Jordi Alamán (Podem) ha afirmado que es una ley "de tercera generación", que dota de derechos y garantías a la ciudadanía, permitirá que los servicios sociales lleguen a la gente que los necesita y también a quienes "no saben que lo necesitan", y donde han reforzado con sus enmiendas los servicios de participación directa.
La diputada del PP Sagrario Sánchez ha indicado que la ley es "necesaria" y no les parece "mala", pero se ha hecho "con muchas prisas", no será "útil", no va a resolver los problemas de los ciudadanos y no se podrá poner en funcionamiento, porque carga el peso de la financiación en los Ayuntamientos y las Diputaciones.
El diputado de Ciudadanos Antonio Woodward ha indicado que no comparten ni creen en el modelo de servicios sociales del Botánico, pero tampoco en el del PP de la etapa anterior, "poco eficiente y eficaz", y ha señalado que hasta el último momento han intentado "mejorar una ley muy compleja y que va a costar poner en marcha"
