Aprobada la ley que obliga a que los contratos agrarios sean por escrito

VALÈNCIA (EFE). El pleno de Les Corts ha aprobado este jueves la reforma de la ley de contratos agrarios, que establece la obligación de que estos se hagan siempre por escrito con el fin de evitar la venta "a resultas", en la que los agricultores entregan la mercancía sin saber el precio y que suele ser un acuerdo verbal.

La nueva ley, impulsada por Compromís, recoge la creación de un registro de contratos de compraventa agrícolas, donde los compradores deberán inscribirlos obligatoriamente, y un régimen sancionador que abarca desde los 5.000 euros hasta un millón.

La norma ha sido aprobada con los votos a favor del PSPV, Compromís, Podem y los exdiputados de Cs; la abstención del PP, que comparte que los contratos sean por escrito pero no la creación del registro de estos contratos; y la oposición de Ciudadanos, que defiende que se mantengan los contratos verbales.

El diputado de Compromís Josep Nadal ha defendido que se protege al agricultor frente a prácticas "abusivas", como la venta a resultas, de la que se aprovechaban "piratas" que cambiaban los términos del acuerdo verbal y algunos comercios "caraduras" a costa del más débil, y que queda prohibida "de una vez por todas".

Nadal ha destacado además que, gracias al régimen sancionador aprobado, a partir de ahora "quien estafe al agricultor lo pagará caro", pues por ejemplo cosechar la fruta sin hacer un contrato por escrito se considerará una infracción "grave", de forma que estas actuaciones "no queden impunes".

La diputada socialista Mercedes Caballero ha indicado que esta norma permite "arreglar desmanes y legislar para la mayoría de los valencianos, para evitar los abusos y para proteger" a los agricultores, y a la petición de mantener los contratos orales ha indicado que los agricultores están "hartos de abusos".

Pérdidas previstas

David Torres, de Podem, ha destacado que se ha consensuado con tres sindicatos agrarios esta reforma, que dará "seguridad jurídica" al contrato agrario y que es "necesaria pero no suficiente", pues en el mejor año de producción de la citricultura las pérdidas previstas ascienden a 165 millones de euros.

El diputado del PP José Ramón Calpe ha indicado que los contratos por escrito ayudan a darles "certeza", por lo que están de acuerdo, pero consideran un "despropósito" que la inscripción en el registro sea obligatoria, pues "el campo no está para más burocracia ni para más obligaciones económicas", como la fianza que se exigirá.

El diputado de Ciudadanos Emigdio Tormo ha destacado que el Código Civil valenciano contempla los contratos verbales; ha defendido que los agricultores puedan decidir el tipo de contrato que quieren, y ha considerado que la ley que ahora se reforma, aprobada en 2013 sin votos en contra, es "mejorable, pero buena".