VALÈNCIA. (EP). El pleno de Les Corts ha aprobado este miércoles --con el respaldo de todos los grupos menos el PP, que se ha abstenido-- la modificación de la Ley de Creación del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que reduce a un máximo de años (cuatro más una reelección de otros cuatro) la duración del mandato de consejeros electos, frente a los 15 actuales. Los miembros actuales podrán optar a una única renovación, con independencia de que se exceda ese máximo establecido.
Además, la norma establece que dos de esos seis miembros serán designados por el Consell y cuatro por el Parlamento, cuando actualmente se eligen tres y tres, y serán los propios miembros electos quienes elijan la Presidencia del CJC, decisión que ahora reside en el presidente de la Generalitat.
La elección de los consejeros electos se realizará entre profesionales que se hayan distinguido en el campo del derecho con más de 15 años de ejercicio profesional efectivo o que sean juristas de reconocido prestigio con experiencia en asuntos de estado o autonómicos, y deberán comparecer en Les Corts para acreditar su idoneidad.
La Presidencia y el ejercicio como miembro electo serán incompatibles con cualquier mandato representativo, cargo político o administrativo y con el ejercicio de funciones directivas de un partido político, sindicato o patronal.
Asimismo, el CJC emitirá un dictamen con carácter facultativo en todos aquellos que le sean sometidos a consulta por el presidente de la Generalitat, el Consell o por Les Corts -en este caso a propuesta de dos o más grupos que representen a la mitad o más de grupos de la cámara o la mayoría de diputados, siendo firmante el autor o uno de los autores de la iniciativa legislativa-.
El CJC elevará cada año al Consell y a Les Corts una memoria de su actividad, con sugerencias y medidas a adoptar para el mejor funcionamiento de la administración.
El texto partía de una proposición de Podemos y su portavoz adjunta, Fabiola Meco, ha celebrado el "consenso amplio" logrado en torno a esta cuestión, aunque "no está el PP, que se queda solo defendiendo su fuerte".
Ha señalado que esta reforma dota de mayor autonomía a este órgano estatutario, queda "más acreditada la profesionalidad" de sus miembros y es una "dosis de transparencia". Aunque ha admitido que les hubiera gustado que todos los miembros fueran nombrados por Les Corts, ha valorado el avance conseguido, que "ha servido para dar una patada al tablero".
Según ha dicho Meco, desde Podemos entienden que la limitación del mandato se aplica con carácter retroactivo a todos los miembros actuales del CJC y "afecta al expresidente (Francisco) Camps", sin necesidad de hacerse constar en la ley del Estatuto de Expresidentes.
La diputada Mireia Mollà (Compromís) ha celebrado la aprobación de esta reforma pero ha manifestado que su grupo duda de que, conforme está concebida, la limitación de mandatos pueda aplicarse a los miembros natos -expresidentes de la Generalitat- porque cuando se habla de ellos "se referencia a la ley de expresidentes".
Ha señalado que no quieren "esconder ese debate" y ha instado a la capacidad de diálogo para cambiar esa norma y Compromís considera que no han de ser miembros natos del CJC, sino que podrían formar parte del Comité Económico y Social (CES) como "figuras relevantes que han sido".
Por su parte, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha indicado que esta ha sido una iniciativa "muy loable" aunque se ha preguntado si tiene sentido que cuando una persona -"nadie nace sabiendo"_lo hace bien en un órgano como este se tenga que ir.
Ha valorado que se contemple la rendición de cuentas del CJC, pero "del volumen de trabajo, no de sus decisiones" porque lo contrario sería "control ideológico", y ha remarcado que el PSPV "nunca hará una ley ad personam" y los expresidentes "son dignísimos y tienen mucho que aportar". En el caso de que alguno haya sido "inmoral", ha dicho, ya están su partido y la justicia para "exigirles cuentas". Mollà le ha replicado: "¿No es dignísimo el CES?".
Tony Woodward (Ciudadanos) ha indicado también que consideran que el mandato de los expresidentes está en otra ley y esta reforma se genera una "anomalía" entre los electos y natos, que se corregirá cuando se debata el estatuto de expresidentes. En todo caso, ha celebrado que la reforma da al CJC un carácter "más independiente, más despolitizado y profesional".
Por su parte, la diputada del PP María José Ferrer Sansegundo ha criticado duramente una reforma que "no era urgente ni necesaria" porque "no está entre las preocupaciones de la gente". Ha censurado que "rompe el equilibrio institucional" en el nombramiento de consejeros electos y "para conseguir la despolitización otorgan el reparto a los grupos parlamentarios, primando la afinidad partidista".
Ha preguntado a Podemos si "lo que entienden por independencia es lo que han hecho proponiendo a Rubén Martínez Dalmau cuando acababa de cesar como diputado de Podemos en el Congreso".
También ha lamentado que los mandatos se establezcan de cuatro años, "coincidente con una legislatura, un grave error que perjudica la neutralidad" y ha señalado que se pierde la oportunidad de actualizar las competencias del CJC para incluir las proposiciones legislativas de los grupos como iniciativas sujetas necesariamente a dictamen: "¿Qué miedo tienen a los informes técnicos del Jurídic? Es una cláusula mordaza".
Para Ferrer, el PSPV ha "tirado la toalla" y se suma a esta reforma con la que "no están siquiera de acuerdo en la interpretación". "Resistan los pulsos botánicos, sean valientes y voten como realmente piensan", ha afirmado.