VALÈNCIA. El Consell ha aprobado el anteproyecto de ley por el que se regula la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de modernizar y reforzar la institución para que sea más acorde a las demandas de la sociedad actual, que pide una mayor y más eficaz protección a la ciudadanía y, por ello, viene a ampliar las posibilidades de intervención del Síndic de Greuges.
El anteproyecto plantea una reforma amplia que trata de mejorar la ley vigente, además de incluir aspectos que en la ley del año 1988 no se habían previsto. La nueva cultura de la transparencia, de la participación ciudadana y del buen gobierno implica una ciudadanía mucho más activa en la exigencia de unos servicios públicos y en la demanda de rendición de cuentas. Una ciudadanía que conoce bien sus derechos y que los reclama justamente.
En este sentido, la futura ley pretende ampliar funciones y reforzar la estructura de esta institución, compromiso del Pacto del Botànic, mejorando a su vez las garantías que protegen los derechos de la ciudadanía.
Entre las principales novedades, se le atribuye la finalidad preferente y prioritaria de procurar la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia, y de quienes puedan encontrarse en situación de riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad.
A estos efectos la Sindicatura de Greuges tendrá la condición de defensora de los derechos de la infancia y de la adolescencia, sin detrimento de las funciones a que correspondan al Ministerio Fiscal.
Otra de las novedades en relación a las quejas que formula la ciudadanía es la admisión, por primera vez, de las quejas verbales hechas en la sede de la institución, además de regular de manera más sencilla el procedimiento de tramitación.
Asimismo, se refuerza la estructura de la institución de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana. Para ello, se añade la figura de un adjunto o adjunta más, pasando de 2 a 3, designado/a mediante un procedimiento que permita cumplir la paridad desde la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres.
A partir de ahora, la nueva normativa regula las medidas que puede adoptar la institución ante la falta de colaboración, actitudes que impliquen una obstaculización o un comportamiento abiertamente hostil y ante el incumplimiento de las recomendaciones y sugerencias contenidas en las resoluciones.
Entre estas actuaciones que podrá adoptar la Sindicatura cabe resaltar la convocatoria de las personas responsables; informar de la falta de colaboración o de obstaculización a la Comisión de Les Corts; personarse en las dependencias en las que se encuentren los expedientes, informes u otros documentos a los que se pretende tener acceso; o instarla apertura de un expediente disciplinario.
Cabe resaltar, que la futura ley le atribuye al Síndic la facultad de instar a los órganos competentes a la interposición de recursos de amparo, de inconstitucionalidad y de conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
A su vez, el anteproyecto de ley recoge que la institución de la Sindicatura de Greuges podrá conocer más asuntos, así como las inactividades que puedan haber derivado en la vulneración de los derechos y libertades de los valencianos y valencianas.
Entre otras cuestiones, se amplían los sujetos legitimados para instar el inicio de un procedimiento de investigación y se incluye un capítulo dedicado a la investigación de riesgo de exclusión social de especial vulnerabilidad, a las que la Sindicatura deberá prestar una atención preferente.
Por otra parte, se introducen medidas de concertación a través fórmulas de conciliación, mediación y composición de controversias que podrá proponer la Sindicatura a las personas afectadas y a los sujetos investigados para facilitar la resolución del procedimiento de queja.
El anteproyecto de ley también amplía el abanico de posibles relaciones de cooperación con otros instituciones y organismos, tales como la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la ComunitatValenciana; el Consejo de Transparencia; el Defensor del Pueblo Europeo e instituciones similares de otras Comunidades Autónomas, de la administración local o internacionales, como la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) o el Instituto Internacional del Ombudsman (IOI).
