Aprobado el nuevo plan de Tabacalera a la espera del recurso vecinal

VALÈNCIA. El pleno del Ayuntamiento de València ha validado la reforma del planeamiento urbanístico de Tabacalera, que por un lado legaliza los usos actuales de la manzana de la Antigua Fábrica de Tabacos y de un edificio en Navarro Reverter al mismo tiempo que recalifica dos pastillas del barrio de Penyarroja donde trasladar edificabilidad residencial que no se acabó construyendo en el sector de Mícer Mascó.

Todo deriva del embrollo urbanístico que supuso la sentencia del TSJ de 2016. En 2005 el Ayuntamiento suscribió un convenio con la empresa Inmobiliaria Guadalmedina S.A. (Igsa) según el cual la administración local recibía el edificio central de Tabacalera -propiedad de Igsa- y 14 millones de euros, mientras la promotora recibía dos solares para sendos edificios en las naves posteriores de la fábrica que serían derribadas y un edificio municipal en Navarro Reverter.

El fallo del TSJ tras la denuncia de Salvem Tabacalera por la desprotección patrimonial de la fábrica dejaba sin efecto el convenio y, por tanto, a la promotora sin poder construir parte de lo previsto. Por ello, en 2018, Igsa presentó ante el consistorio una reclamación por responsabilidad patrimonial y la concejalía de Urbanismo, que dirigía Vicent Sarrià, decidió pagar a la empresa con suelo para evitar hacerlo con dinero de las arcas consistoriales: el Ayuntamiento entregaría a la firma dos pastillas de suelo del barrio de Penyaroja.

Se trata de dos parcelas que inicialmente estaban calificadas como suelo educativo y zona verde y que, para poder dárselas a Igsa, requerían previamente ser recalificadas y convertidas en suelo residencial. Así pues, lo que se ha hecho este jueves en el pleno municipal es precisamente un cambio de planeamiento que, además de transformar este suelo en residencial, ha adaptado a la realidad actual la ordenación urbanística de Tabacalera y Navarro Reverter tras haber quedado fuera de ordenación al anularse lo aprobado en 2005.

Esta decisión se está tomando, eso sí, con la oposición de la Asociación de Vecinos de Penyaroja, que desde que se conocieron las intenciones consistoriales ha estado batallando contra la decisión de ubicar en el barrio estas torres de edificios. A juicio de la plataforma vecinal, el barrio requiere todavía de muchos servicios y eliminar suelo dedicado a zonas verdes y a centros educativos no parece lo más adecuado. Por ello ya han anunciado un recurso contencioso-administrativo contra la operación urbanística.

Este jueves, de hecho, la Asociación estuvo presente en el pleno y llevó en su representación a quien fuera la líder de Salvem Tabacalera, la plataforma que batalló contra la operación aprobada por el PP, Victoria Marín, quien rechazó que para pagar la deuda fruto de la sentencia con Igsa se trasladara la edificabilidad al barrio de Penyaroja. "Si bien este Ayuntamiento no es responsable de las actuaciones del anterior consistorio, sí podemos considerarlo responsable de la actual propuesta y de sus consecuencias", aseveró Marín en este sentido.

Así pues, recordó que la sentencia no implica necesariamente la solución planteada por la concejalía de Urbanismo, que dirige Sandra Gómez. "Bajo la falacia de ejecución de sentencia, solo se pretende legalizar y beneficiar a unos propietarios y al promotor, que si en su momento no edificó el segundo bloque, ahora, pasada la crisis del 2008, se le traslada la anulada edificabilidad, y aumentada, a otro suelo público, en detrimento de la calidad de vida y paisaje de otros vecinos", aseguró.