Hoy es 6 de octubre
VALÈNCIA (EP). El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha aprobado este martes una actualización de los precios para el proyecto constructivo de la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte del puerto de València, que pasa de 542 millones de euros a 660 millones, lo que significa un 21,8% más respecto al presupuesto aprobado hace un año.
Esta es la inversión pública prevista, a la que hay que añadir la que realizará la naviera suiza MSC, adjudicataria de la concesión, que tenía previsto invertir 1.021 millones de euros. No obstante, el presidente de MSC España, Francisco Lorente, advirtió recientemente que el presupuesto aumentaría debido al tiempo transcurrido con una inflación disparada.
La inversión pública estaba paralizada a la espera de la autorización del Consejo de Ministros, al que ahora el APV, a través de Puertos del Estado y del Ministerio de Transportes, deberá enviar la nueva propuesta.
Según la entidad que preside Mar Chao, los precios habían quedado desactualizados en tanto el presupuesto se formuló en el primer trimestre de 2021, utilizando precios unitarios de materiales, maquinaria y mano de obra correspondientes a 2020: 542.69 millones euros, IVA incluido.
Casi dos años después del primer cálculo de costes y ante la escalada de costes durante este tiempo, la Autoridad Portuaria ha elevado a 660,39 millones de euros, IVA incluido, los precios de las distintas unidades de obra recogidos en el proyecto de construcción.
La presidenta de la APV no ha respondido durante la rueda de prensa a las preguntas de los medios de comunicación sobre si tiene información sobre la aprobación del proyecto constructivo por parte del Consejo de Ministros aludiendo a un cambio en la política de comunicación de la entidad. Al término de la comparecencia, se ha limitado a reiterar que es un proyecto "prioritario" para la APV y que se trabaja en él "sin descanso".
Por su parte, la Comissió Ciutat-Port ha emitido un comunicado al conocerse la noticia para advertir que "sta es una más de las trampas para la ampliación a medida, ya que el incremento de gasto público beneficia tan solo a un único operador y desprecia las cautelas exigidas por el MITECO en relación con el medioambiente marino, un requisito cuya ausencia invalidaría el proyecto de ampliación y las revisiones de precios de la APV".
Según los portavoces de la plataforma, el proyecto aprobado por la Autoridad el pasado 2 de diciembre se realizó de manera "precipitada y en base a un presupuesto cerrado en noviembre de 2021 que, tal y como muchos expertos habían denunciado previamente, no se ajustaba a la realidad". "Además de este incremento inicial, habría que computar las más que previsibles modificaciones que pudieran surgir y que algunos expertos estiman que superarán los 800 millones de euros", añade el comunicado.
Además de esta modificación, la APV ha dado luz verde al pliego de bases y condiciones para la concesión administrativa de ocupación de las instalaciones náutico-deportivas de la zona norte de La Marina, en el Puerto de València, que se adjudicarán por un plazo de 35 años prorrogables hasta 50 años. Las bases incluyen la obligación de la empresa de colaborar en la celebración de la Copa América si el evento deportivo regresa a la ciudad en el futuro, como pretende el Ayuntamiento.
Así lo han anunciado Mar Chao, -que ha negado que esta adjudicación se trate de ninguna privatización del espacio- y la alcaldesa de València, María José Catalá, en la rueda de prensa posterior al consejo de administración de la entidad.
Chao ha calificado como "muy importante y trascendente" esta reunión porque se han resuelto algunas cuestiones pendientes en la liquidación del Consorcio Valencia 2007, con fecha límite de 31 de diciembre, como también la puesta en marcha de una comisión con el consistorio sobre los bienes patrimoniales y el mantenimiento de las concesiones.
Las instalaciones náutico-deportivas abarcan una superficie en tierra de 235.097 m2, "el mínimo imprescindible para las actividades auxiliares vinculadas" a los usos náuticos recreativos y deportivos, según Mar Chao. Las instalaciones náutico-deportivas, objeto del concurso se distribuyen en tres dársenas que actualmente albergan más de 800 amarres para embarcaciones de entre 7 y 170 metros de eslora.
Se incorporará una cláusula para que el futuro concesionario "tenga la obligación de colaborar con aquellos eventos trascendentes" que puedan darse, "concretamente" la Copa América, ha detallado Catalá. En concreto, los pliegos, consultados por Europa Press, señalan que "el concesionario cooperará en la organización de eventos interés cultural, deportivo o de integración puerto-ciudad".
Según Catalá, la empresa tendrá "la obligación de colaborar activamente en la Copa América" con la cesión de la superficie de tierra y agua necesaria, "blindando el futuro de la Copa América en València y sentando las bases necesarias para que este acontecimiento vuelva a la ciudad".
Los pliegos obligarán al concesionario a prestar los servicios de gestión de los puestos de amarre, control marítimo, suministro de carburantes a embarcaciones, agua, energía eléctrica, telefonía y transmisión de datos, aparcamiento de vehículos, la recogida selectiva de basuras y residuos, el desarrollo de actividades de carácter formativo y educativo y de apoyo al deporte náutico, la organización de eventos, competiciones deportivas y actividades culturales y servicios de varada y reparación de embarcaciones.
Mar Chao ha asegurado que la APV ha tenido "una sensibilidad" en los pliegos por la que "han primado los criterios cualitativos" sobre los cuantitativos en la valoración de ofertas, de forma que "todas garanticen la perfecta interacción puerto-ciudad" y el "alto valor ciudadano".
La presidenta de la APV ha remarcado que esta concesión privada no es "nada diferente a lo que se está haciendo en otros puertos que son referente internacional en la zona puerto-ciudad", con el ejemplo del de Barcelona, aunque "aquí no se privatiza nada", ha afirmado.
En el consejo de administración también se ha dado el visto bueno a un acuerdo sobre el mantenimiento de los títulos otorgados por el Consorcio en espacios de dominio público portuario de La Marina, que incluyen restaurantes y espacios comerciales. "Damos seguridad y tranquilidad a todos los concesionarios que tenían una situación de indefinición" y "garantizamos que se mantengan en la situación en la que se autorizó", ha precisado la alcaldesa.
Además, también en el contexto de la liquidación del consorcio, el consejo ha autorizado el inicio de los trámites para firmar un convenio con el Ayuntamiento que establezca una comisión bilateral entre el consistorio y la APV para la gestión de los bienes demaniales (excepto los destinados a usos náutico-deportivos y náutico-recreativos)y patrimoniales en La Marina.
Mar Chao ha señalado que lo aprobado este martes da solución, antes del 31 de diciembre, a los terrenos de dominio público portuario con seguridad jurídica a los titulares y la adjudicación de los amarres, mientras que el dominio patrimonial se abordará en la comisión. "Hemos adoptado todos los acuerdos, ha sido de nota la velocidad con la que se ha intentado dar solución a esta maraña del consorcio", ha puesto en valor.
La alcaldesa ha destacado el objetivo de "dar salida a proyectos interesantes que pretendan instalarse y han encontrado una situación de indefinición bastante precaria", como el caso de los Docks y Marina de Empresas. "Toda esta maraña que se había generado empieza a ver la luz y empezamos a extraer las oportunas decisiones para darle a La Marina todo lo que necesita: seguridad jurídica, tranquilidad, definición, colaboración institucional y que no haya ni un solo 'pero' para que un gran inversor pueda aterrizar y generar oportunidades", ha añadido.