Algunos de los más de 600 inmigrantes rescatados este viernes y sábado en Tarifa. Foto: EFE/A.Carrasco RagelPara tener un funeral con honores no siendo nadie te tienes que morir en grupo. Si lo haces en un accidente con el coche, acudirán familiares y amigos; si el accidente es de autobús, habrá luto oficial con banderas a media asta, y si es aéreo, tendrás en primera fila a los mismísimos Reyes en el papel de monarcas dolientes. Como si esos muertos valieran más.
Algo parecido ha pasado con los migrantes del Aquarius, privilegiados entre los desgraciados debido a que un ministro italiano puso el foco sobre ellos mientras, antes y después, decenas de miles de compañeros de infortunio llegaban a las costas europeas o morían en el intento sin mayor atención mediática que la que se presta a los accidentes de tráfico del fin de semana. Mientras en València nos preparábamos con más de 2.300 personas –incluidos 400 traductores– para recibir a los 629 del Aquarius, este fin de semana llegaban a Andalucía más de mil personas rescatadas de las pateras.
El rescate español de los 629 atrapados en el barco de Sos Mediterranée ha permitido a Pedro Sánchez marcar distancia con su predecesor en su primera semana de Gobierno y ha permitido a València mostrarse al mundo como una ciudad solidaria. Y ya. Todo lo demás es espectáculo para alargar los réditos políticos especialmente por parte de la Generalitat y muy especialmente de Mónica Oltra, a quien afortunadamente el Gobierno no ha permitido ocuparse del operativo de bienvenida –más allá de la propaganda– ni del estatus de los migrantes.
Mención especial para Juan Carlos Moragues, quien discretamente prestó un último acto de servicio como delegado del Gobierno en funciones. La misma discreción con la que el año pasado se ocupó de los casi 400 inmigrantes que llegaron en pateras a las costas alicantinas, sin comité de bienvenida, sin trato especial respecto a los miles que llegan a otras costas españolas, porque, como ya debería saber la vicepresidenta tras su experiencia con los centros de menores, hay cuestiones que un político debe intentar resolver sin presumir demasiado ni utilizarlas políticamente porque son fuente de problemas que nunca estarán resueltos del todo.
Mientras València y España enseñan al mundo su mejor cara solidaria, a uno le asaltan las preguntas sobre la política de inmigración para las que lamenta no tener una respuesta lejana a la demagogia:
"Agradezco a los amigos españoles su buen corazón, pero el presidente Sánchez tiene todavía amplio margen para ejercitar su solidaridad en las próximas semanas", avisó Matteo Salvini cuando España decidió acoger el barco. El ministro italiano acusa a las ONG de colaborar con las mafias porque recogen a los migrantes de las endebles pateras cerca de la costa de Libia y se los llevan a Italia y Malta, cuando –dice él– lo que deberían hacer es devolverlos a Libia. Las ONG responden que a Libia no los pueden devolver porque escapan de allí.
¿Qué hacemos con la gente que se lanza en pateras hacia las costas europeas? ¿Vamos a mantener la absurda situación de esperar a que pongan su vida en riesgo para, si sobreviven, tratarlos como merecen? Dado que Europa tiene capacidad para acoger a decenas de miles de inmigrantes, ¿no sería más lógico devolver a los de las pateras a Libia y ordenar la entrada de inmigrantes mediante un embarque organizado en un puerto libio, en el Aquarius o en cualquier buque acondicionado, para lanzar el mensaje de que ahí tienen una puerta segura y con las pateras no?
El flamante ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que es una prioridad del Gobierno –era una promesa de Sánchez– quitar la concertinas barbadas de las vallas de Ceuta y Melilla, esas cuchillas que causan dolorosas heridas a quienes tratan de saltarlas. ¿Solo las concertinas? ¿Por qué no las vallas enteras?
Es una pregunta pertinente ante lo ilógico de la situación: la valla, con o sin concertinas, es una medida discriminatoria para mujeres, niños y ancianos que no tienen aptitudes físicas para saltarla. Los hombres jóvenes y fuertes se juegan su integridad física en la valla; los niños se juegan la vida en los bajos de los camiones porque la valla es una barrera infranqueable para ellos. Volvemos al punto anterior, al de las pateras: ¿No es absurdo pedir que se jueguen la salud o la vida para luego darles acogida por haber superado la prueba?
En las horas previas a la llegada del Aquarius se extendía la idea, desde las instituciones valencianas, de "preservar la intimidad" de los 629 migrantes. ¿De la misma forma que la han preservado las ONG Sos Mediterranée y Médicos sin Fronteras mientras viajaban en el barco, del que hemos visto numerosas fotos que incluían a menores de edad? ¿Lo dicen para que los periodistas gráficos dirijan sus objetivos hacia Ábalos, Oltra y el resto de políticos que acudan a hacerse la foto en lugar de a los verdaderos protagonistas de la noticia? Quitando a los menores, ¿qué intimidad hay que preservar de quienes son noticia porque se han exhibido ante las cámaras en el barco para conseguir arribar a un puerto europeo donde 600 periodistas se han acreditado para dar cuenta de su llegada?
Se equivocan quienes piensan que lo del Aquarius no debería recibir un seguimiento informativo diferente al de las pateras y que los periodistas no deberían estar allí. Lo del Aquarius es excepcional, aunque, como advirtió Salvini, puede que en el futuro deje de serlo.
El mismo día que Sánchez se ofrecía para traer a València el Aquarius, el Servicio Jesuita a Migrantes presentaba en el Colegio de Abogados de Valencia su Informe Anual 2017 sobre Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), titulado Sufrimiento Inútil: Los nuevos lazaretos. Su conclusión es que "los CIE han actuado como espacios de desprotección y contención de las migraciones, para garantizar la rápida repatriación con las menores garantías, sin posibilitar la adecuada identificación de personas vulnerables y necesidades de protección". En estas circunstancias, no puede extrañar que muchas voces pidan el cierre de los CIE y que la propia Oltra rechazara que algunos de los que venían en el Aquarius acabaran en estos centros, como si tuvieran más derechos que los de las pateras.
Los CIE son la parte fea de la acogida de inmigrantes, la evidencia de que España, con 16.000 peticiones de asilo, no está preparada para recibir las 170.000 solicitudes –datos de Salvini– que tiene Italia. La pregunta es: ¿Vamos a ver un sustancial aumento del dinero destinado a inmigración en el primer presupuesto de Sánchez (2019) o vamos a seguir improvisando? ¿Y en el presupuesto de la Generalitat?
A lo largo del año pasado, 28.572 personas entraron irregularmente en España por vía marítima y terrestre y se produjeron 18.794 detenciones de inmigrantes en situación irregular. Se iniciaron 21.834 expedientes de expulsión y se incoaron 20.672 órdenes de devolución. En total, se repatrió a 9.326 personas, 4.107 directamente desde los CIE.
Preguntas: ¿Va a mantener el Gobierno de Sánchez la misma política de internamiento y expulsión? Y si es así, ¿no deberían estar los fotógrafos y las cámaras de televisión que han ido al Puerto de València también en los CIE y en el momento de la expulsión para que los que quieren venir vean que, además del comité de bienvenida, también hay un comité de expulsión?
