Mónica Oltra. Foto: RAFA MOLINAEl magistrado no solo archiva el proceso contra Feceval sino que deduce testimonio al Tribunal de Cuentas, que podría sancionar a los funcionarios que autorizaron los pagos
VALÈNCIA. La cruzada contra la enseñanza concertada que emprendió Mónica Oltra siendo diputada de Compromís en la oposición ha acabado volviéndose en su contra ahora que es vicepresidenta del Gobierno valenciano, ya que sus denuncias han terminado por ser archivadas. De las tres denuncias presentadas contra la concertada, su patronal Feceval o quienes la apoyaban, dos ya fueron archivadas antes de verano con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción, pero quedaba una.
La última, la más suculenta, es la que afectaba a los dirigentes de la patronal de la concertada, la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), que preside José Manuel Boquet, a los que se acusaba de delitos de estafa, malversación, falsedad documental o fraude de subvenciones por presuntamente haber falsificado contratos en centros de enseñanza a los que no asistían como maestros, pero de los que cobraban.
Oltra interpuso la denuncia cuando todavía era diputada de Compromís, en julio de 2014. En ella criticaba que se estuvieran empleando fondos públicos para pagar "horas adicionales carentes de fundamento legal" y "un posible fraude con los docentes de edad elevada".
Este miércoles, el magistrado que instruía la causa ha notificado el archivo de la misma en una resolución en la que, además, deduce testimonio al Tribunal de Cuentas porque achaca las deficiencias a los funcionarios de la Conselleria de Educación. Ello significa que la denuncia de Oltra podría terminar en sanción económica para estos funcionarios por el daño presuntamente causado a las arcas públicas.
En este caso, la vicepresidenta y la Abogacía de la Generalitat pedían que la causa prosiguiera a pesar de que el fiscal, y, lógicamente, el letrado de Feceval, Vicente Boluda, solicitaron el archivo. Ante dicha petición de archivo, desde el Consell se envió un informe nuevo aportando nuevos datos, tal y como informó en exclusiva Valencia Plaza.
Pero en el auto de archivo al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado argumenta que "constituyendo la base de la responsabilidad penal la calificación de falsedad documental de los contratos firmados entre determinados centros docentes y los investigados, en este procedimiento, siendo así que estos iban a prestar sus servicios en la Feceval en lugar de en el centro escolar contratante, este extremo debe descartarse".
Y prosigue con la explicación: "Existe un contrato laboral válido con todas las consecuencias y efectos entre el centro escolar y el profesional aunque sus servicios se prestasen en la Feceval, en lugar de en el centro docente, en cualquier momento puede ser llamado para desarrollar la actividad directamente en el centro".
Apostilla el juez que "no puede considerarse, por tanto, el contrato, como simulado y la única diferencia que se aprecia es que el profesor ha sido contratado por el centro para desarrollar una actividad al margen de la docencia directa, con las mismas características que si se tratase de un profesor que ya prestaba esos servicios anteriormente en el Centro. Sería contrario a los intereses de la organización de una empresa tener que prescindir temporalmente de un antiguo trabajador para que realice una actividad externa, para la que incluso pueda no estar mejor preparado, y que no beneficia directamente al empresario, y a su vez, tener que ser sustituido por un tercero, incluso menos idóneo para el centro docente".
Pero el varapalo no solo es para Mónica Oltra sino que también afecta a la Abogacía de la Generalitat, que para mantener la imputación penal presentó un nuevo informe ampliatorio. Un informe en el que se basa el magistrado para enviar el proceso al Tribunal de Cuentas, algo a lo que se oponían los letrados de la Administración autonómica.
El juez expone que "a la vista del informe de la Intervención procede la deducción de testimonio y su remisión a los efectos pertinentes" por los posibles daños y menoscabos al erario. El Tribunal de Cuentas es un organismo administrativo que actúa cuando algún funcionario ha causado un daño económico al erario público por una negligencia que no necesariamente tiene que ser delito.
Contra este archivo de la causa abierta a raíz de la denuncia de Oltra cabe recurso.
