las primeras investigadas en declarar defienden la actuación del centro de menores y de la conselleria

Arranca la nueva instrucción que evalúa a la conselleria de Oltra en el caso de su exmarido

Tras revocar la Audiencia Provincial el sobreseimiento del caso, Instrucción 15 retoma la investigación para dilucidar si la conselleria de Igualdad cumplió su cometido de velar por la menor de la que abusó el exmarido de Oltra

1/03/2022 - 

VALÈNCIA. La investigación para determinar si la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cumplió su deber de custodia y protección de la menor tutelada de la que abusó el exmarido de Mónica Oltra y de si hubo delito o no en la elaboración de un informe sobre los hechos en el departamento fuera del amparo judicial vuelve a empezar. 

Tras revocar la Audiencia Provincial el sobreseimiento provisional del caso que dictó en su día Instrucción 15 por haberse vinculado este al desenlace judicial del caso del abuso, el juzgado empezó este lunes a tomar declaraciones a los investigados, que han  pasado de seis a ocho al haberse unido una segunda querella de la asociación ultraderechista Gobiernate. Esta vinculación, junto con el hecho de que el abogado de la entonces menor sea el presidente del partido ultra España 2000 y con que Vox se haya añadido como acusación particular han llevado a Oltra y a los partidos del Botànic a denuciar una "cacería política" de la extrema derecha contra la vicepresidencia y los investigados.

En este primer día de declaraciones (hay previstos dos más), pasaron por el juzgado la directora del centro donde ocurrieron los hechos y donde Luis Ramírez era educador, una psicóloga de ese mismo centro y la Directora Territorial de la conselleria en Valencia.

Desde Vox, su vicesecretaria nacional jurídica, Marta Castro, apuntó que la directora del centro y la psicóloga explicaron que no dieron "credibilidad" a la menor y que por eso no lo trasladaron a la Fiscalía. Castro cuestionó que tuvieran que ser ellas las que lo decidieran.

En el caso de la Directora Territorial de Valencia, según la responsable del partido ultra, defendió que no conoció la denuncia hasta agosto de 2017 (aunque la joven lo hizo saber al centro en febrero) y que se siguió el protocolo habitual pero aseguró que no supo explicar por qué se puso en marcha un expediente administrativo paralelo a la investigación judicial.


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