Foto: KIKE TABERNER En política, como en todo, somos lo que hacemos. Un rápido vistazo a la actualidad nos ofrece algunas imágenes sobre lo que anda haciendo la derecha española estos días: meterse con el Papa, insultar a los indígenas americanos y aplaudir las declaraciones de Vargas Llosa en contra de la democracia (recuerden, no se trata de votar en libertad sino de votar bien). Es la tónica habitual, ciertamente nada diferente de lo que vienen haciendo desde hace tiempo. Política útil, cero; polémicas pueriles, todas las que puedan.
Entretanto esta semana el Gobierno de coalición ha alcanzado un pacto para la aprobación de los Presupuestos Generales del próximo año que ha tenido como piedra de toque el acuerdo sobre la próxima Ley estatal de vivienda. Contra esta propuesta se han abalanzado rápidamente los voceros de la derecha que, por un lado, han sentenciado que se trata de un ataque sin precedentes contra la propiedad privada y, por otro lado, han pronosticado que será una ley vacía y sin efectos. Una ley puede calificarse de excesiva o puede calificarse de inane, puede ser demasiado intervencionista o demasiado poco, pero que sea ambas cosas al mismo tiempo parece complicado.
La única propuesta sobre esta materia del PP y de Vox ha sido repetir a pies juntillas el argumentario clásico de las patronales inmobiliarias: suben los precios de los alquileres porque falta oferta, por tanto, hay que construir más. Es un discurso ideológico inmune a los datos: España acumula hoy en día una de cada tres viviendas vacías de toda la Unión Europea. Es un discurso ciego ante la evidencia empírica: durante la Burbuja Inmobiliaria, España construía tantas viviendas como Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia juntas y sin embargo los precios escalaron hasta cotas inverosímiles.
En contraposición, la nueva Ley de Vivienda ha puesto al menos tres grandes cuestiones encima de la mesa. La primera de ellas es la de frenar el aumento de precios de los alquileres que se ha venido produciendo en los últimos años. Entre 2015 y 2020 el precio de los alquileres en España aumentó un 50%, en el País Valenciano fue un 68%. La nueva Ley plantea una regulación de precios limitada a los grandes tenedores (empresas con más de 10 viviendas) cuyas viviendas tienden a concentrarse precisamente en las áreas tensionadas de las grandes ciudades donde más han subido los precios.
En Suecia, en Dinamarca, en Alemania, en Holanda, en Austria o en Suiza ya existen leyes para regular los precios del alquiler. En Francia fue Macron, el gran referente del letiziado patrio, quien puso en marcha esta medida en 2018. En Cataluña, la regulación de precios del alquiler lleva en vigor desde septiembre de 2020. ¿Los resultados? El precio medio del alquiler ha disminuido de 969€ a 903€. ¿La oferta se ha hundido conforme a los vaticinios de la patronal inmobiliaria? No, de hecho, el número de viviendas en alquiler crece a un ritmo superior al de antes de la regulación de precios.
Las otras dos medidas de mayor impacto están dirigidas efectivamente a incrementar la oferta, pero no como les gustaría a las patronales mediante la construcción descontrolada sino sacando al mercado las miles viviendas vacías que se mantienen intencionadamente fuera de éste para generar un aumento artificioso de los precios. A esto va dirigido el impuesto sobre las viviendas vacías. Además de eso, de lo que se trata es de ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler que los gobiernos del PP se dedicaron a saquear y a malvender a precio de saldo hasta dejarlo raquítico. Hoy el parque de viviendas sociales en España representa el 2,5% del total de viviendas principales, en Dinamarca es el 21%, en Austria el 24%, en Holanda el 30%.
Una Ley que se limita a traer a España aquellas medidas en materia de vivienda que llevan años funcionando en Europa (y a menudo ejecutadas por gobiernos conservadores) ha generado, sin embargo, una reacción enormemente virulenta de la derecha en España que se dedica a difundir bulos y a amenazar con un recurso al Tribunal Constitucional. El pasado 26 de septiembre se celebró en Berlín un referéndum sobre la expropiación de 240.000 viviendas a las grandes inmobiliarias con el fin de controlar el precio de los alquileres. El Sí venció con el 56,4% de los votos. Nadie, ni en Alemania ni el resto de Europa, ha puesto el grito en el cielo por una medida que es, de hecho, mucho más radical que cualquiera de las planteadas en la Ley española.
¿Por qué entonces esa reacción tan excesiva y pasada de vueltas de la derecha española a medidas que son perfectamente razonables y equiparables a los países de nuestro entorno? Una pista la podemos encontrar en los ya célebres Papeles de Bárcenas sobre la financiación irregular del PP. En esos papeles aparecen los nombres de los altos directivos de las principales constructoras españolas: Sacyr, OHL, FCC, AZVI, Constructora Hispánica, Adelsa, Licuas, Coarsa y un largo etcétera. La cruda realidad es que la derecha española se opone a la Ley de la Vivienda porque están comprados, y si alguno queda que no lo esté, hace méritos para estarlo.
No nos equivoquemos, la principal virtud de la futura Ley de Vivienda no es que plantee medidas revolucionarias que vayan a transformar de arriba a abajo el mercado de la vivienda en España. A ese respecto, es una ley realmente moderada. Lo más positivo es que por primera vez en España la vivienda empieza a regularse como un derecho en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. Lo mejor que tiene esta ley es que ayuda a extender un debate social sobre uno de los principales problemas sociales que existen a día de hoy en España y eso es lo que puede impulsar nuevos avances en el futuro. Lo importante es que gracias a que esta ley se abre paso, podemos centrar el debate político en cómo mejorar la vida de las personas y no en perder el tiempo con los despropósitos y las salidas de tono de los voceros de la derecha española. Centrar la política en lo verdaderamente importante es nuestra labor, aunque no logremos llegar siempre tan lejos como quisiéramos.
