VALÈNCIA. "Estos vídeos no son para ponértelos y sentarte a verlos con palomitas". Las videoactas de la comisión de investigación por el fraude de la EMT estarán capadas. Estarán capadas las comparecencias, pues, tanto del presidente de la empresa, el edil Giuseppe Grezzi, como del gerente de la empresa municipal y la jefa de Gestión, los expertos, y demás trabajadores que desde el mes de octubre han desfilado por la sala.
Así, tres miembros de Compromís, dos del PSPV y del PP, uno de Cs y otro de Vox, tendrán la irrepetible y terapéutica oportunidad de revivir los highlights de la comisión, inclusive las situaciones más tensas, los comentarios más agudos, las miradas más incisivas. Sólo ellos, el secretario municipal, y las cuatro paredes que protegieron estos encuentros son testigos de todo lo que allí ocurrió casi semanalmente mientras, tras los ventanales, el otoño se dejaba caer en la plaza de Correo Viejo, que acoge la sede de la empresa municipal.
Pero ahora toca sacar en claro algo, si es que se puede con -todavía- tantas contradicciones y vacíos de información sobre la mesa. Una tarea que dependería únicamente del lapicero de los asistentes y de la muleta de su memoria si no fuera porque se les facilitará el acceso a los vídeos de las sesiones. Y pese a lo que pudiera haber parecido en los últimos meses, no: esto no es un show. No son filmes para ser disfrutados entre snacks y bebidas de esparcimiento, subrayan en el equipo de gobierno municipal, y mucho menos para ser distribuidos.
Ya se dijo en los albores de la comisión que las sesiones no serían públicas, pero tal es la confidencialidad y el secreto que se quiere imponer a lo allí sucedido que se ha tomado la determinación de aplicar medidas muy estrictas para el visionado de estas grabaciones, que se antojan de calidad amateur en la imaginación de muchos. Así, a cada grupo municipal se le instalará un ordenador, donde se volcarán las cintas en cuestión de manera supervisada. Eso sí: los equipos tendrán el puerto USB capado, y carecerán de tarjeta de red. Esto es, de acceso a internet.
Los concejales en cuestión podrán acceder durante 30 días hábiles -un mes y medio aproximadamente- a los equipos con claves personalizadas, y para disuadirles de cometer alguna que otra fechoría, filtrando las grabaciones de alguna otra manera, los vídeos tendrán una marca de agua con el nombre de cada edil impreso sobre la grabación. Así, si algo sale del Ayuntamiento, se podrá señalar directamente al culpable.
Y es que el castigo no es menor. Se le hará firmar a cada uno de los concejales un compromiso de confidencialidad donde se recogen todas estas premisas y se señala que "en caso de revelación o filtración de imágenes o audio será denunciada de oficio por la propia EMT o por el Ayuntamiento de València, ante las instancias de la Agencia de Protección de Datos y del Ministerio Fiscal". Cerrojazo en el gobierno de la transparencia, donde en defensa de estas medidas se alude al respeto a la imagen de los declarantes, así como a que todavía existe un procedimiento judicial en marcha al respecto y se prefiere evitar la publicidad de las declaraciones.
Los vídeos serán destruidos tras el visionado.