VALÈNCIA (VP/EP). FCC ha recuperado el pago de dividendo a los accionistas, suspendido desde el año 2013, y confía en mantenerlo de forma recurrente y seguir así retribuyendo a los socios en ejercicios venideros. Así lo manifestó el consejero delegado del grupo, Pablo Colio, que recordó lo indicado el pasado año por el accionista de control del grupo, Carlos Slim, respecto a que cuando se volviera a pagar dividendo se haría de forma recurrente.
El primer ejecutivo de la constructora indicó que el consejo de FCC ha considerado que "la situación financiera y los resultados a cierre de 2018 son lo suficientemente sólidos" para recuperar la remuneración al accionista. Además, Colio transmitió la "confianza de que el ejercicio 2019 siga la misma senda" de 2018. Así, la junta de la compañía que preside Esther Alcocer Koplowitz aprobó el reparto de un dividendo de 0,40 euros por título a cuenta de los resultados del pasado año y que se abonará a través del sistema de 'script dividend'.
FCC destinará 151 millones a esta retribución, la primera que cobrará el magnate mexicano desde que en 2014 desembarcara en el grupo y lo rescatara inyectando el grueso de los 1.700 millones de euros que suman las ampliaciones de capital realizadas en la compañía. En concreto, Slim cobrará un dividendo de 93 millones de euros en función de su participación directa de control del 61,1% y Esther Koplowitz otros 30 millones por el porcentaje del 20% que tiene como segunda accionista.
Por otro lado, FCC busca crecer con su división de construcción y concesión de infraestructuras de transporte, con la que ya "analiza oportunidades" en sus mercados actuales, Europa y Latinoamérica, pero también en el de Estados Unidos, según indicó el consejero delegado de la compañía, Pablo Colio.
El grupo controlado por Carlos Slim enmarca la reactivación del negocio concesional en la nueva etapa de crecimiento que aborda tras recuperar la rentabilidad y superar años de saneamiento, fase que deja definitivamente atrás al aprobar este miércoles la vuelta al dividendo suspendido desde 2013. El grupo enfoca su expansión principalmente hacia los mercados internacionales y junto al grupo Carso, el conglomerado del magnate mexicano, en lo que a infraestructuras se refiere.
FCC asegura que "no descuidará" el mercado doméstico, si bien reconoce que presenta un "limitado crecimiento" en cuanto a obra pública y "limitadas oportunidades" en la actividad de servicios, muy ligada a las administraciones públicas, "dado el calendario electoral". Así, confía al exterior la reactivación de concesiones, negocio que actualmente suma una cartera de 19 activos repartidos en cinco países (España, Reino Unido, México, Perú y Bélgica), 17 de ellos en explotación.
De igual forma, Aqualia, junto a su socio IFM, analizan oportunidades en sus mercados de Latinoamérica y Oriente Medio, mientras analizan entrar en Estados Unidos. Asimismo, con la rama de servicios medioambientales confían seguir creciendo en Reino Unido, su primer mercado, y pese a las "incertidumbres" que genera el Brexit y seguir expandiéndose por Estados Unidos.
Precisamente, la junta de FCC aprobó la reestructuración e 'independencia" de esta división de servicios medioambientales con el fin de "racionalizar su gestión". La compañía traspasará a la filial FCC Medio Ambiente todos los activos y negocios ligados a esta actividad, algunos de los cuales seguían 'colgando' de la matriz.
El primer ejecutivo del grupo descartó que esta operación se realice para abordar una venta parcial de la división, de forma similar a la transacción del 49% de Aqualia el pasado año. "El único objetivo es racionalizar la estructura el grupo, cualquier otro movimiento corporativo del grupo será independiente a ello", aseveró Colio.
Durante su intervención en la junta y en respuesta a la pregunta de un accionista, el consejero delegado se refirió a una reciente sentencia que pone en duda el precio pagado en la OPA con la que se excluyó de bolsa a Cementos Portland para asegurar que recurrirá ante el Tribunal Supremo.
Colio aseguró que FCC, aunque acata la sentencia, "no comparte" los argumentos del fallo, al asegurar que el proceso de fijación de dicho precio fue "transparente, ajustado a los mecanismos convencionales del mercado para este tipo de operaciones, y contó con todas las garantías de independencia".