Hoy es 15 de agosto
VALENCIA. La sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, celebrada este jueves en Les Corts reveló una información a medio camino entre la anécdota y el morbo. Así, el jefe del Consell, en su réplica a la líder del PPCV, Isabel Bonig, quien le interpelaba sobre la coordinación en el Gobierno valenciano, sacó a la luz un informe de enero de 2012 por el que el entonces vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, José Císcar, había solicitado a una agencia de detectives que revisara sus dependencias para descartar que existieran micrófonos u otros mecanismos de obtener escuchas.
El informe, que costó 1.442 euros y concluyó que los despachos estaban "limpios" de elementos de espionaje, fue solicitado por Císcar unas tres semanas después de acceder al cargo. Lo curioso es que lo heredaba de una compañera del PP, Paula Sánchez de León, próxima a Francisco Camps. Un hecho que deja entrever el clima de desconfianza que en aquella etapa se vivía en el seno del Gobierno valenciano: la dimisión de Camps y la entrada de Alberto Fabra al frente del Palau de la Generalitat se había producido de forma algo abrupta, por lo que las relaciones entre unos y otros atravesaban momentos de tensión.
Curiosamente, Císcar se protegió con esta medida de posibles 'topos' dentro de la Vicepresidencia: apenas dos años después, él y su entorno serían mirados con lupa desde el Palau al considerarse que entre sus filas podía encontrarse el filtrador o filtradores que trajeron de cabeza al equipo de Fabra en la recta final de la legislatura. Una búsqueda que también afectó a los funcionarios.
En cuanto al informe, subraya que se estudiaron "9 salas y 10 terminales telefónicas", con el resultado de no haberse detectado "ningún dispositivo de escucha". Así, además de constatar que las líneas no estuvieran pinchadas, se revisó con detectores que no existieran sistemas de audio activos ni cámaras ocultas y se realizaron diferentes verificaciones respecto a las redes wifi y el espacio radioeléctrico.
Asimismo, se midió la conductividad sonora de paredes y mamparas y se inspeccionaron los "techos practicables". Además, se sellaron los elementos "susceptibles" de "ocultar elementos de grabación o escucha" para "poder detectar en futuras inspecciones" si habían sido alterados.
Pese a que la revisión no arrojó ningún elemento extraño, el auditor realizó algunas observaciones de las condiciones de seguridad a mejorar. Por ejemplo, el informe señalaba que una de las puertas del despacho del vicepresidente da a una escalera "desde cuyo rellano se escucha perfectamente lo que se habla en el interior. Convendría verificar la ausencia de objetos extraños (grabadora, etc), en dicho punto".
Otra recomendación del informe se dirige al despacho del portavoz. "Existen unas rejillas que comunican físicamente con el antedespacho que, además, es el puesto de trabajo de un ordenanza y dispone de sillones para visitas. A causa de estas rejillas, lo que se habla en la despacho se escucha fuera. Convendría cerrarlas, con lámina de contrachapado y burlete de silicona", aconsejaba, además de invitar a no imprimir por red para estar a salvo de que algún PC pudiera interceptar información a través de algún programa tipo "snifer" destinado a ello.
Respecto a esta contratación, el propio exvicepresidente José Císcar habló en Les Corts tras la información revelada por Puig para asegurar que la búsqueda de escuchas que encargó para su despacho "era algo habitual que se hacía cada cierto tiempo" y también "en otras dependencias" de la Generalitat "por motivos estrictamente de seguridad, por nada más", además de recalcar que el proceso "estuvo asesorado y supervisado en todo momento por el comisario jefe de la Policía Autonómica"