La consellera de Sanidad, Ana Barceló, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Foto: EFEVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha tomado una serie decisiones a lo largo de la pandemia que han requerido la autorización del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), como el caso de la implantación del toque de queda el pasado año, la limitación de las reuniones o la imposición -o prórroga- del pasaporte covid para la entrada en determinados establecimientos.
Unas peticiones que venían argumentadas en detallados informes firmados por la subdirectora de Epidemiología Herme Vanaclocha, que realizaba una recopilación de datos razonada que ofrecía un retrato de la pandemia vista desde dentro de la Conselleria de Sanidad. O lo que es lo mismo, exponiendo negro sobre blanco las realidades que desde el departamento liderado por la socialista Ana Barceló trataban de suavizarse mediante el discurso político.
El contenido de varios estos informes, que Sanidad no facilitó en su momento pese a las reiteradas peticiones de este periódico, han ido publicándose en Valencia Plaza tras solicitarlos al Portal de Transparencia. El último de ellos, el emitido el pasado 24 de enero para la solicitud de prórroga del pasaporte covid, desvela de forma cruda algunas de las cuestiones que públicamente trataban de amortiguarse.
Así, Vanaclocha, expresaba en sus conclusiones un fotografía clara de la situación que atravesaba la Comunitat Valenciana por el azote de la quinta ola -considerada la sexta en España-. "La Atención Primaria está desbordada. El alto número de casos, se ha pasado de 18.396 casos sospechosos atendidos en la semana 49 a 88.820 en la semana 3, imposibilita la atención sanitaria", afirmaba la subdirectora de Epidemiología, confirmando de esta manera las informaciones de distintos medios de comunicación que apuntaban al colapso, no hospitalario, pero sí en la atención primaria.
Además, la alta funcionaria admitía lo que, probablemente, muchos ciudadanos estaban notando en esas semanas de enero. "Lo mismo ocurre con la Salud Pública, que ha tenido que reducir el estudio de contactos a la población vulnerable y ha tenido que dejar temporalmente de investigar los brotes al no poder realizar rastreo sistemático", reconocía.
Apenas cuatro días de la firma de este informe, la consellera Barceló comparecía en rueda de prensa para anunciar una inversión de 326 millones para poner en marcha durante los próximos dos años un nuevo modelo de Atención Primaria para la postpandemia, con un refuerzo de 1.609 nuevas plazas estructurales, y conseguir así que este nivel asistencial "deje de ser solo la puerta de acceso al sistema sanitario, sino que sea su eje central".
Las demoledoras afirmaciones de Vanaclocha en el informe venían precedidas de que la alta funcionaria de la conselleria recordara datos muy duros en transmisibilidad: incidencia a 14 días ese 24 de enero de 4.005 casos por cada 100.000 habitantes; el número reproductivo básico instantáneo por encima de 1 (un indicador que evidencia que la pandemia "no está controlada"), y una tasa de positividad del 48%.
El informe, además de situar a la autonomía en un nivel de riesgo "muy alto" o alerta 4, destacaba también el predominio de la variante ómicron en la Comunitat Valenciana con una presencia de en torno al 80%, si bien incidía en que el "impacto hospitalario" de esta ola estaba siendo "menor".
