VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha dado a conocer cómo articulará la nueva tasa de basuras, que todas las entidades locales han de aplicar para cumplir con la ley estatal de residuos. Un nuevo gravamen que debe ponerse en marcha a partir del año que viene y cuya ordenanza fiscal aprobará el gobierno municipal.
El gravamen entrará en vigor el próximo 1 de enero, se integrará en el recibo del agua potable y supondrá una recaudación para el consistorio de 47,6 millones de euros en 2025.
Los concejales de Hacienda y de Limpieza, María José Ferrer San Segundo y Carlos Mundina, han explicado a los medios de comunicación cómo se aplicará el nuevo tributo. La edil de Hacienda ha calificado de "basurazo de Sánchez" el nuevo gravamen al venir "impuesto" por una ley estatal, si bien viene marcada por una directiva de la Unión Europea.
De los 47,6 millones que cuesta el servicio, los ingresos vendrán con la siguiente distribución: 37,56 corresponden a viviendas (408.396 domicilios y 11.279 comunidades de propietarios) y 10,1 millones a actividades (39.547 recibos), con un total de 459.222 recibos, según ha informado la concejala. La cuota que se aplicará a la mitad de las viviendas (201.843 de las 408.396) será de 39,14 euros.
Los técnicos, ha dicho San Segundo, "ante las lagunas y la indefinición absoluta de la ley" estatal, han decidido aplicar para la tasa municipal "el mismo criterio" que el que se aplica en la tasa Tamer: el consumo de agua de la vivienda en el período de 12 meses. "Es el indicativo objetivo de cuál puede ser la generación de basuras", ha dicho la concejala de Hacienda. Este índice se modulará según las actividades económicas tanto por el consumo como por el sector al que pertenecen.
Por su parte, el gobierno municipal ha contemplado los beneficios fiscales que permite la normativa, y de manera moderada para evitar que se considerara que la tasa es deficitaria, algo que no permite la ley. Así, se contempla la reducción del 30% a familias numerosas para la vivienda habitual (se concederá automáticamente si ya está reconocida en el IBI), y podrán acogerse directamente los arrendatarios. Esta medida beneficiará a más de 4.000 familias.
Por otra parte, se aplicará una reducción del 30% para la vivienda habitual de familias "con escasos recursos" (unidad familiar cuyos ingresos no superen el IPREM referido a 14 pagas), una medida que beneficiará a 6.200 familias. Estas deducciones, sin embargo, se podrán acumular a otras bonificaciones por la ley de residuos, como el uso de ecoparques, el uso de sistema de recogida municipal puerta a puerta, o el caso de empresas de distribución alimentaria y restauración.
Como se ha dicho, la puesta en marcha del nuevo gravamen es una obligación para todos los consistorios, tal como refleja la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que desarrolla una directiva europea y que entró en vigor en abril de 2022.
Esta señala que las entidades locales tienen que establecer "una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria" que permita implantar "sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos".
En ese sentido, la edil de Hacienda ha asegurado que la aplicación de una "mayor o menor rigidez" es responsabilidad exclusiva del Gobierno central. "No es verdad que no se podía hacer de otro modo", ha explicado Ferrer San Segundo, para añadir que "Sánchez es el único responsable de cómo se aplica en España este gravamen".
"En la ley, que es una ley amplísima, se dedica solo un artículo, que podría haberse configurado de formas distintas. Tanto es así que ese artículo recibió enmiendas del PP, donde proponía que en lugar de 3 años se dieran 5 a los ayuntamientos para aplicarla, y además, que esa figura no tenga que ser necesariamente una tasa, lo cual tiene consecuencias. También proponíamos eliminar la exigencia de que la tasa de basuras fuera específica, diferenciada y no deficitaria", ha asegurado al respecto.
El hecho de que no sea deficitaria, ha apuntado la edil, significa que se ha de repercutir "todo" y "por entero" a los ciudadanos. Por ello, ha explicado que el coste lo habría asumido el gobierno con los presupuestos si no existiera la mencionada ley. La normativa sí permite "algún tipo de deducción siempre que esté amparada legalmente pero de manera muy restringida", por lo que el consistorio ha optado por la moderación en este sentido dado que este primer año de aplicación y "no sabemos como van a pronunciarse los tribunales" ante esta "ley malísima" y ambigua.
La nueva tasa de basuras, un 'marrón' para los alcaldes valencianos
