Jorge Martínez 'Aspar'. FOTO: EFEEl expiloto afirma que los patrocinios a su empresa se los otorgó la Generalitat por ser campeón del mundo y no por amiguismo
VALÈNCIA. El expiloto de motociclismo y socio de la empresa Valmor, Jorge Martínez 'Aspar', declaró el jueves durante cerca de dos horas como imputado por su presunta implicación en el ‘pufo’ de la Fórmula 1, que se investiga dentro del caso Valmor. Aspar negó que mantenga una relación de amistad con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, con el que afirmó que solo mantenía una relación profesional.
Sin embargo, su declaración ante la magistrada dejó detalles que interesan, y mucho, a los investigadores; sobre todo, a la Fiscalía Anticorrupción. El ex campeón del mundo de motociclismo explicó que cuando él se incorporó como socio de Valmor “la F-1 ya tenía toda la estructura montada y que él no intervino para nada”. Pero más allá de ese detalle, una de sus respuestas que, a priori podría parecer inocente, no lo era para nada.
Aspar afirmó que desde el año 2009, es decir desde que acabó el primer gran premio, avisó a la Generalitat del agujero que suponía la F-1 y “fue la Generalitat la que insistió en que la Fórmula 1 siguiera en València”. Lo hizo a través de la mano derecha del presidente en este asunto, Belén Reyero, y el que fuera vicepresidente de la Generalitat y conseller de Industria, Vicente Rambla, hasta que éste último fue sustituido por Gerardo Camps, quien también fue informado de todo.
Así, Aspar ratificó lo que el pasado martes declaró Belén Reyero, quien insistió en que “en la Generalitat eran plenamente conscientes del ‘pufo’ que suponía este gran evento y que Camps estaba permanentemente informado de cada detalle al respecto”.
Fuentes de toda solvencia aseguran que las declaraciones prestadas esta semana, tan solo a falta de la de Francisco Camps, dejan un horizonte muy oscuro para el expresidente, así como para sus vicepresidentes Camps y Rambla, de los que no se descarta en absoluto que sean imputados en el caso Valmor. En el caso de Rambla, sería llamado a declarar por la magistrada del juzgado de instrucción número 2 de València, pero en el de Gerardo Camps, dicha juez estaría obligada a inhibirse al Tribunal Supremo puesto que Gerardo Camps es actualmente diputado en el Congreso por el Partido Popular.
En cuanto a los patrocinios recibidos por la empresa de Jorge Martínez 'Aspar', el expiloto alcireño aseguró que le fueron otorgados “por ser excampeón del mundo de motociclismo, pero no por amiguismo”, y agregó que “dichos patrocinios pasaron todos los filtros de la administración y, además, eran mucho más bajos que los que recibía de otras empresas como por ejemplo Telefónica”.
El caso Valmor se investiga en tres piezas separadas. La primera se centra en las negociaciones previas para traer a València el Gran Premio y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor. En la segunda pieza, se investiga la absorción de Valmor por Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat, entonces presidida por Alberto Fabra. La tercera pieza está declarada secreta.
La investigación del pufo de la Fórmula 1 surgió a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de un grupo de diputados del PSPV. En la pieza principal están investigados el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la exconsellera de Deportes Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, a los que hay que añadir los nombres de Belén Reyero y Nicolás Figueras.
La querella que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos, y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.
Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".
