Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Grupo Ática, a través de la sociedad Grupo Valenciano de Vivienda, ha presentado una queja al Síndic de Greuges ante "la ineficaz tramitación" y el "retraso malicioso"de la Conselleria de Vivienda en el proceso para adquirir un edificio de su propiedad con 124 viviendas protegidas en el barrio de Sociópolis. El departamento que dirige Héctor Illueca se comprometió a adquirirlo, pero todavía no se ha cerrado la operación y los contratos de alquiler vencen el próximo 4 de septiembre.
Por ello, la compañía busca definir la situación y denuncia el "incumplimiento de las promesas formuladas por el conseller Illueca para adquirir el inmueble y asumir el alquiler de las viviendas". Una indefinición que atribuye al resultado electoral de los comicios autonómicos del 28 de mayo, en los que el Botànic perdió el gobierno. A partir de ese momento, critica que "los diferentes responsables de Vivienda, empezando por el propio conseller, han rechazado los numerosos e insistentes intentos de la empresa de contactar a todos los niveles".
Ante esta situación, el grupo empresarial se ha dirigido a los inquilinos para trasladarles su "incertidumbre" con el porvenir de la operación, ya que todavía "no se ha emitido la resolución que autorice el otorgamiento de la escritura pública de compra". Pero, especialmente, les ha trasladado que si llega la fecha del 4 de septiembre sin que se haya materializado la venta, la vigencia de los contratos expirará. Por ello, urge a la Conselleria a culminar todo el proceso antes de esta fecha.
Los hechos se remontan a hace unos meses, cuando el grupo inmobiliario comunicó a los inquilinos la finalización de sus contratos de alquiler para marzo de este año y la necesidad de que desalojaran las viviendas. Los vecinos pidieron amparo a la Administración y entró en juego la Conselleria, que pidió a la propiedad prorrogar los alquileres durante seis meses mientras estudiaba la posibilidad de adquirir el edificio al entender que existía una situación de emergencia habitacional, según expone Grupo Ática en su queja.
El inmueble se sitúa en la parcela R-20 del barrio de Sociópolis (La Torre) e iba a ser vendido en su totalidad a un fondo, pero la Administración podía comprarlo a través del derecho de tanteo. De hecho, esa es, a priori, la intención de la Conselleria que busca destinarlo al incremento del parque público de vivienda.
Tras varios encuentros y negociaciones, la Administración Valenciana aceptó finalmente comprarlo y tasó su precio en 16,4 millones de euros. El 3 de marzo, Grupo Ática aceptó la oferta y el 30 de marzo aportó la información requerida, pero el 5 de abril recibió un escrito de reparos a la documentación presentada, que se atendió días posteriores, explica en su escrito.
Pese a que el expediente estaba en tramitación, Vivienda ya comunicó de forma pública la adquisición, tanto en medios de comunicación como en la propia cuenta personal de Illueca, aunque todavía había flecos pendientes. "Con la adquisición de 184 viviendas en el barrio de LaTorre ampliamos el parque público y evitamos el desalojo de muchas familias. Trabajamos cada día para garantizar el derecho a la vivienda y combatir la emergencia habitacional", señaló en Twitter el todavía responsable de este departamento.
Ya en mayo se inició el trámite administrativo con toda la documentación para cerrar el expediente de compra. No obstante, desde entonces, Grupo Ática denuncia que no ha habido ningún avance ni comunicación. Desde la Conselleria de Vivienda, aseguran que el expediente ha superado el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat y ahora está en Intervención, paso previo para la adquisición, y cuya resolución será en un plazo de diez días, en este caso hasta el día 13 de julio para informar.
No obstante, la empresa niega este extremo y lamenta que tampoco ha podido tener reuniones con Vivienda para conocer el estado del expediente, pese a que así lo fija la ley. "Es una obstaculización del derecho a acceder y obtener copia del expediente administrativo en el que tenemos la condición de interesado", remarca la firma.
"Por parte de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática se ha hecho constar en todo momento la importancia de dicho expediente, como anteriormente se hizo cuando se trasladó a los servicios de la Abogacía", remarcan desde Vivienda. Asimismo, el departamento que dirige Illueca considera que la carta remitida al vecindario es" una medida de presión anómala e innecesaria" dado que el expediente está siguiendo el procedimiento para su resolución, y "tanto la dirección de la Conselleria como el equipo técnico ha puesto todo su empeño y diligencia para culminar dicho expediente".
Sin embargo, Grupo Ática ve "un retraso malicioso e ilegítimo de la formalización de la transmisión por la mera voluntad del decisor político, una vez conocido el resultado electoral del 28 de mayo de 2023". "Esto solo puede ser calificada de acto arbitrario, incompatible con las reglas que rigen nuestro derecho administrativo", subraya la compañía, que pide amparo al Síndic para resolver esta cuestión que deja en el aire el hogar de centenares de familias.
