La auditoría de Plan Cabanyal revela que su anterior gerente cobró más de lo permitido

VALÈNCIA. La última auditoría de Plan Cabanyal-Canyamelar ha sacado a la luz diversas faltas e irregularidades en la gestión económico-financiera en el área de personal de esta sociedad en el año 2022. El informe realizado por la Intervención General de la Generalitat y del que se dio cuenta este jueves en el Consejo de Administración revela varios incumplimientos: sueldos por encima de lo permitido, no disponer de masa salarial, que la RPT no estaba aprobada por la Dirección General de Sector Público, y un largo etcétera. 

La auditoría recoge que el personal directivo de la sociedad percibió durante el pasado ejercicio "retribuciones superiores en 11.211,18 euros a los que correspondería a un Director General del Consell", cuando la normativa establece que "al personal de máxima responsabilidad y personal directivo de las entidades del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana, el sueldo del cargo de máxima responsabilidad de las entidades será el equivalente al de un director general". Es decir, que su ex responsable, Vicente Gallart, cobró más de lo que marcaba la ley. 

Entre las alegaciones presentadas ante este reparo de la Intervención, Plan Cabanyal argumenta que su incorporación al sector público instrumental de la Generalitat se produjo en abril de 2022, cuando el salario del directivo y el presupuesto de la sociedad ya estaba aprobado. "Por tanto, es cierto, tal y como se argumenta que la sujeción a la normativa aplicable a este tipo de entidades comenzaría en dicha fecha", reconoce el informe. "No obstante -continúa el escrito-, la entrada de la entidad en el sector público en esa fecha no justifica la no aplicación de la normativa aplicable en las retribuciones que se abonan, ya que se abonan desde enero a diciembre", concluye en este sentido. 

El informe también destaca que no consta una resolución, por parte de la Dirección General del Sector Público y Patrimonio, sobre la clasificación de la Sociedad para determinar el número máximo de personal directivo con el que puede contar la entidad. "La entidad no dispone de masa salarial, ni de Relación de Puestos de Trabajo aprobada por Sector Público, lo que constituye una limitación al alcance que ha impedido aplicar en su totalidad los procedimientos y pruebas de auditoría planificados, en particular en materia de retribuciones, lo que conlleva que no se pueda emitir una opinión sobre la adecuación a la legalidad de las retribuciones", señala la auditoría. 

Según el consistorio, el Consejo de Administración ya ha corregido esta situación con el nombramiento del nuevo gerente de la Sociedad, Nacho Pou, cuyo sueldo se ha modificado con el fin de cumplir con la normativa vigente. 

Respecto a los procedimientos de contratación menor, el informe señala que se contrataron servicios "de necesidades recurrentes en lugar de necesidades concretas y puntuales" y, además, la sociedad no difundió "los datos de los contratos menores suscritos en 2022 en la sección prevista para ello en el perfil del contratante".

Presupuesto de 2,3 millones en 2024

El Consejo de Administración del Plan Cabanyal-Canyamelar aprobó además este jueves el presupuesto de la Sociedad para 2024, que ascenderá a 2,3 millones de euros. En este sentido, el presidente de la Sociedad y concejal de Urbanismo, Juan Giner, explicó que el equipo de gobierno "va a impulsar el desarrollo del barrio del Cabanyal con iniciativas concretas". "Hace unos días aprobamos la puesta en marcha del proyecto para la construcción de dos edificios con 50 viviendas, estamos finalizando la reurbanización de calles, mejorando las dotaciones públicas como es el polideportivo, y la alcaldesa se ha reunido esta misma semana con los vecinos para escuchar sus sugerencias e inquietudes", amplió. 

Por último, Giner resaltó que el Plan Cabanyal-Canyamelar continuará con la venta de inmuebles. Así para 2024 se prevé la venta de 15 inmuebles que tendrán una venta de licitación de 1,8 millones de euros. "La políticas de acceso a la vivienda es una marca de identidad de este gobierno, y vamos a trabajar por todas las vías disponibles para poner a disposición de los ciudadanos viviendas, seguiremos construyendo y adjudicando viviendas de alquiler asequibles porque ahora la política de vivienda sí que es una prioridad del Ayuntamiento de Valencia".