Aumsa saca a concurso cuatro viviendas para que las ONG puedan ofrecer pisos tutelados en València

VALÈNCIA. (EP) La empresa municipal Aumsa de València ha aprobado en el consejo de administración un concurso para adjudicar cuatro viviendas en régimen de arrendamiento bonificado para que ONG puedan instalar pisos tutelados de personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, ha dado luz verde a una propuesta para facilitar el acceso de las ONG a los locales que la empresa municipal dispone por toda la ciudad.

"Las dos iniciativas se enmarcan dentro del objetivo que se ha fijado la empresa pública del Ayuntamiento de València de ofrecer a los colectivos más desfavorecidos el mayor número de apoyos que redunden en la mejora de su calidad de vida", ha señalado la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez.

Gómez ha subrayado que Aumsa está desarrollando "una serie de políticas transversales en las que intervienen todos los agentes implicados para reforzar el elemento asociativo y ofrecerle un papel relevante para lograr la construcción de una sociedad más participativa, justa y democrática".

Aumsa gestiona el alquiler de cerca de 600 viviendas municipales y, desde que se empezó a adjudicar los inmuebles, tanto en la empresa pública como en el propio Ayuntamiento de València, se han recibido "numerosas solicitudes" de información por parte de entidades del tercer sector con el fin de acceder al arrendamiento de viviendas con un precio asequible, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Convocatoria pública

En atención a estas peticiones, la sociedad va a poner en marcha una convocatoria pública para la adjudicación de cuatro de sus viviendas a entidades del tercer sector en régimen de arrendamiento bonificado con el objetivo de que puedan servir de apoyo a sus proyectos sociales.

Las ONG aspirantes tendrán que presentar sus proyectos y un comité de selección determinará las mejores propuestas. Las viviendas que saldrán a concurso oscilan entre los 50 y los 75,69 metros cuadrados, están ubicadas en el centro histórico, Benicalap y Patraix y tendrán un precio de alquiler ostensiblemente inferior al de mercado de entre 217 y 361 euros. Las ONG que aspiren a gestionar los pisos tutelados deberán presentar una memoria con su propuesta, que será evaluada por un comité.

Igualmente, en el consejo de administración también se ha dado luez verde a una propuesta para facilitar el acceso de las ONG a los bajos que dispone la sociedad por toda la ciudad con una bonificación del 30% en el alquiler.

"Se trata de una iniciativa que pretende ayudar al conocido como tercer sector (fundaciones, asociaciones, etc.) a encontrar locales donde desarrollar sus actividades, talleres, proyectos de acción social o la defensa de colectivos de cualquier tipo", ha detallado la vicealcaldesa.

Uno de los requisitos indispensables será contar con un proyecto que garantice la permanencia y consolidación de dicha entidad social, así como de los puestos de empleo creados en dicho proyecto, que deberá desarrollar actividades que se consideren compatibles con las características físicas de los locales o con el fin al que están destinados. Además, la propuesta establece la posibilidad de que los beneficiarios puedan disponer de un periodo de carencia de 12 meses.

En la Comisión también se ha propuesto emitir dictamen favorable al documento de Plan Especial de Protección de los Bienes de Relevancia Local del Campus de Blasco Ibáñez y al documento de modificación del PGOU para la incorporación de la ficha de protección del Depósito Gas Lebón al Catálogo Estructural de Bienes y Espacios protegidos. Para ambas propuestas se solicita informe a la Dirección General de Cultura y Patrimonio.

Críticas a la lista de espera

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Fernando Giner, que ha calificado de "buena noticia" que Aumsa ponga a disposición del tercer sector cuatro cuatro viviendas y 23 locales "que nunca han sido arrendados", ha criticado también el "fracaso" del plan de vivienda del equipo de gobierno que encabeza Joan Ribó y denunciado que 1.200 familias están en lista de espera

El también consejero de Aumsa ha lamentado en un comunicado que los planes de Ribó para construir vivienda pública y facilitar inmuebles a personas necesitadas "ha sido un completo fracaso", tanto desde la propia sociedad, con 950 personas en lista de espera, como que desde la delegación de Vivienda, con 236 demandantes.

"Los objetivos del Plan Estratégico de Vivienda se han incumplido y siguen sin informar de su cumplimiento", ha afirmado Giner, quien considera que los presupuestos y el Plan de Actuación son "copia de años anteriores, ya que sólo cambia el año de previsión de inicio de obras, pero no se ha puesto ni una piedra".

En esta línea, Giner ha recordado "el compromiso del equipo de gobierno de evaluar en el primer semestre el cumplimiento del plan de vivienda, cuya mesa de seguimiento se constituyó en diciembre de 2019 y sigue sin reunirse".

"El listado de demandantes de Aumsa se ha multiplicado por cinco en dos años. En 2020 la cifra era de 178 peticionarios y ahora es de 950. En siete meses ha aumentado en 200 solicitantes", ha lamentado Giner, que ha añadido que en el Plan de Vivienda 2018-2023, sigue sin iniciarse obra alguna de las 327 viviendas. "Con todos los trámites llegaremos a 2023 sin terminarse edificio alguno", y dicho, y ha exigido soluciones para la emancipación de los jóvenes.