VALÈNCIA (EFE). La futura Comisión Europa tiene entre sus retos el de implementar la descarbonización del sistema productivo iniciada en los últimos años, asegurándose de relanzar la competitividad de la economía europea.
La alemana Ursula von der Leyen, que continuará al frente del Ejecutivo comunitario, ha nombrado este martes a la española Teresa Ribera como primera vicepresidenta ejecutiva de la nueva Comisión con responsabilidad en el área de Transición Limpia, Justa y Competitiva, en un reparto en el que también tendrá cargo de vicepresidente ejecutivo el francés Stéphan Séjourné, con una cartera de Prosperidad y Estrategia Industrial.
Esa relación se plasmará en el Pacto Industrial Limpio que la Comisión presentará tras sus primeros cien días de gobierno.
Las responsabilidades de Ribera estarán vinculadas a los comisarios designados para Clima, Zero Neto y Crecimiento Limpio, el neerlandés Wopke Hoestra; para Energía y Vivienda, el danés Dan Jørgensen; y para Medioambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, la sueca Jessika Roswall.
El área de clima también estará relacionada con otras como Transporte Sostenible y Turismo, cartera para que Von der Leyen ha designado al griego Apostolos Tzitzikóstas; Agricultura y Alimentación, asignada al luxemburgués Christophe Hansen; o Asociaciones Internacionales, que desempeñará el checo Josef Síkela.
El aspecto dominante del mandato comunitario será el económico, pues todos los análisis indican que la UE precisará niveles de inversión inédita para no seguir perdiendo terreno respecto a Estados Unidos o China en áreas como la digitalización o la defensa, pero también en clima, donde los bloques diseñan agresivas políticas de subsidios para atraer industrias verdes.
El reciente informe del ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, una de las voces más respetadas en política económica en la UE, no ofrece dudas: la UE tendrá que elevar sus inversiones en 800.000 millones anuales, lo que anticipa que el debate presupuestario y fiscal será clave.
El talón de Aquiles de la economía comunitaria es la energía, pues los precios minoristas son mucho más elevados que en Estados Unidos y la Comisión Europea tendrá que intentar reducir esa brecha mediante el despliegue de renovables y fomentando el desarrollo de la "economía del hidrógeno".
El sector agrícola es responsable de más del 10 % de las emisiones de CO2, por lo que reformar ese sector es esencial para alcanzar las metas climáticas.
Sin embargo, las protestas de los granjeros en los últimos meses contra la legislación climática y el exceso de burocracia del que se sienten víctimas ha llevado a la actual Comisión a relajar algunas medidas ya adoptadas y queda por ver cómo intenta Bruselas descarbonizar el campo manteniendo un equilibrio social y medioambiental y preservando la seguridad alimentaria.
La transición hacia un parque móvil descarbonizado es otra de las grandes asignaturas de la futura Comisión Europea, después de que la UE haya aprobado que no se puedan vender coches que emitan CO2 a partir de 2035, pese a reticencias de países como Alemania o Italia.
Los coches, camiones, autobuses y motocicletas representan más del 21 % de las emisiones de CO2, pero también suponen en torno al 11 % del PIB de la UE y aportan casi 14 millones de empleos directos e indirectos.
En ese contexto, pesará el pulso comercial de la UE con China, pues Bruselas acusa a Pekín de dopar con subsidios a su poderosa industria de vehículos eléctricos y ha impuesto aranceles de hasta el 37,6 % a estos productos chinos.
Estrechamente ligado a los vehículos, pero también a otros sectores, se encuentra el acceso a las materias primas para fabricar baterías o chips.
China domina actualmente el mercado de tierras raras y la UE apuesta por el concepto de "autonomía estratégica abierta", que consiste en utilizar herramientas como la diplomacia climática y el comercio para asegurarse el acceso a materias primas a través de acuerdos con los países productores a través de transferencias tecnológicas.