Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum. Foto: EFE/Biel AliñoVALÈNCIA. Ilsa, el consorcio privado formado por Air Nostrum y Trenitalia para competir con Renfe en líneas de AVE, ha presentado una propuesta para operar también servicios de media distancia en los que Renfe opera actualmente por encargo del Estado en el régimen conocido como Obligaciones de Servicio Público (OSP).
En concreto, según ha comunicado el grupo Ilsa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sus planes pasan por iniciar el servicio el 1 de marzo de 2022 en el AVE que une Madrid con Sevilla y Málaga, pero realizando paradas intermedias en Córdoba, de forma que competirá con la OSP de Renfe en las conexiones Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga.
Por su parte, la francesa SNCF, la otra empresa privada que ha acordado con Adif comenzar a explotar algunos corredores de alta velocidad en España, también competirá con el servicio público de media distancia que Renfe presta entre Tarragona y Barcelona, ya que prevé que su AVE low cost Madrid-Barcelona que entrará en circulación en la Semana Santa de 2021 tenga parada en Tarragona.
Según la notificación que Ilsa ha presentado a Competencia para detallar el servicio que quiere poner en marcha en los tramos mencionados, entre el 1 de marzo de 2022 irá incrementando progresivamente los servicios ofertados hasta alcanzar en 2024 la oferta de 27.117 plazas anuales en el tramo Córdoba-Sevilla y 27.427 plazas anuales en el Córdoba-Málaga, en los que Renfe opera de forma subvencionada.
Ilsa argumenta que el objetivo principal del servicio comercial que operará es la conexión de larga distancia entre Madrid y Málaga/ Sevilla, por lo que la capacidad anual del servicio en el segmento OSP (Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga) es "residual", menos del 5% de los viajeros.
Además, sus previsiones apuntan a que la entrada de nuevos operadores con la liberalización de la Alta Velocidad incrementará la demanda entre un 35 y un 40%, un aumento que en el tramo de la OSP sería de entre el 15 y el 20%. De esa manera, según Ilsa, su entrada en esa línea no perjudicará a Renfe, ya que la compañía podría beneficiarse del incremento previsto de la demanda con un aumento de sus pasajeros de entre 7 y 15% respecto a las cifras actuales.
No obstante, SNCF e Ilsa sólo podrán operar estas conexiones si se demuestra que su competencia no le resta a Renfe más del 2% de los ingresos que obtiene por su explotación. De hecho, la prestación de este servicio debe ser aprobada por la CNMC según los criterios que acaba de hacer públicos. Como marco general, Competencia velará por el cumplimiento de las condiciones previstas en el contrato entre Renfe y el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana suscrito en 2018 para prestar en servicio público en las líneas mencionadas.
Según la Ley Ferroviaria, cuando los nuevos operadores piden realizar un servicio en competencia directa con trenes de Media Distancia o Cercanías de Renfe, los considerados servicios públicos que presta por encargo del Estado a cambio de una subvención, tienen que pedir a la CNMC que analice sus planes de negocio para estas conexiones, para determinar en qué medida puede afectar a la prestación de dicho servicio público.
Según explica Competencia en un comunicado, Ilsa y SNCF tendrán vía libre para realizar los servicios de media distancia a los que optan si no merman más de un 1% de los ingresos de Renfe. En el supuesto caso de que el impacto sea de entre un 1% y un 2%, SNCF e Ilsa tendrán su servicio condicionado a que el porcentaje de nuevos viajeros generados supere el 30% de los viajeros totales.
En su análisis para determinar estos porcentajes, el superregulador evaluará en qué medida los servicios planteados por SNCF e Ilsa afectan al número de pasajeros que utiliza los servicios de Cercanías y de Media Distancia de Renfe entre estas ciudades, los costes de la compañía pública para prestar esos servicios y la compensación que recibe del Estado.
