VALÈNCIA. Hace exactamente seis semanas que se celebraron las elecciones municipales que dieron la victoria al PP de María José Catalá. Más de tres desde que la popular recibió la vara de mando de manos de su predecesor Joan Ribó y fue proclamada alcaldesa de València al haber sido el Partido Popular la fuerza más votada el 28 de mayo, donde obtuvo 13 concejales.
Durante ese periodo, la primera edil ha ido dando pasos para reorganizar la corporación local: ha convocado los consejos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y de la empresa urbanística municipal (Aumsa) con el objetivo, no solo de renovar los órganos de administración, sino principalmente la presidencia de las mismas para relevar a Giuseppe Grezzi (Compromís) y Sandra Gómez (PSPV); también ha sustituido a los cuatro representantes del Cap i Casal en el Consorcio Valencia 2007.
A nivel interno, la semana pasada comenzaron a producirse nombramientos de asesores después de que Catalá decidiera continuar con la fórmula que aplicó Ribó el mandato pasado: 1,7 asesores para los ediles del gobierno y 1,4 para los de la oposición, además de tres eventuales adicionales que le corresponderían a Alcaldía. Un reparto que dejaba al PP con 25 asesores, 13 a Compromís, 10 a PSPV y 6 Vox. Tras ello, el pasado viernes la Junta de Gobierno Local (JGL) aprobó los primeros nombramientos.
Ahora bien, existen otras cuestiones organizativas en las que el gobierno municipal sigue sin ofrecer avances. Uno de ellos, es el reparto de los espacios en los que deberán trabajar los grupos municipales, tanto los que formen parte del ejecutivo local como los de la oposición.
Hace diez días la alcaldesa trasladó una primera oferta a los portavoces de los partidos: PP y Vox se quedarían en el Ayuntamiento (estos últimos se ubicarían en los despachos que en su momento ocuparon los 6 ediles de Ciudadanos y su personal eventual), mientras el PSPV y Compromís se dividirían en dos plantas en el edificio de grupos municipales, en la calle Convento San Francisco. Un espacio que no agradó a la coalición valencianista, dado que supondría salir del consistorio. "Nunca la oposición ha estado fuera del Ayuntamiento", se quejaban fuentes de Compromís.
En principio, esta debería ser uno de los asuntos pendientes que más pronto se resuelvan -se espera que la resolución no se demore más de finales de esta semana-. Sin embargo, también se dan otras circunstancias que están generando un importante malestar entre los anteriores gestores: mientras los concejales tienen el certificado digital y las tarjetas de acceso al consistorio -son necesarias para acceder a diferentes dependencias de la corporación local-, sus asesores siguen sin una cosa ni la otra, por lo que aseguran que no pueden acceder, por ejemplo, a expedientes que aprueba el gobierno para ejercer su labor de oposición. Un mal que se "agrava" al no tener ordenadores, ni tampoco despachos fijos donde trabajar o mantener reuniones.
Precisamente, este lunes la portavoz adjunta de Compromís, Papi Robles, criticó que casi un mes después de haberse constituido el Ayuntamiento, la alcaldesa mantuviera su gobierno provisional. Una situación excepcional que, a juicio de la valencianista, responde a que existe un pacto encubierto con Vox. "¿A qué está esperando? Es muy sospechoso y nos hace pensar en una agenda oculta que pasa por pactar con Vox, un partido negacionista de la violencia de género, de los derechos de las personas LGTBI o que censura la cultura dentro de los gobiernos", manifestó. Por su parte, la socialista Sandra Gómez se pronunció de la misma manera. La exvicealcaldesa advirtió que la situación es "totalmente anómala" porque actualmente los concejales del PP no tienen "claro cuál es su trabajo, su responsabilidad".
Los valencianistas, además, consideran que el retraso a la hora de repartir espacios o material, responde precisamente a esto mismo: a que podría cerrarse un acuerdo con el partido de Juan Manuel Badenas en el consistorio y, por ello, no está determinado de forma definitiva qué despachos tendrá cada partido en este mandato, si bien aseguran que el hecho de mantener a los voxistas en el Ayuntamiento y fuera de él a Compromís y PSPV denota que habrá un acuerdo con los primeros para que participen de una manera u otra en el gobierno local.