Firma del acuerdo. Foto: AVAFVALÈNCIA (EP). El Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) han firmado un convenio que da continuidad al marco estable de comunicación y colaboración iniciado hace cuatro años para compartir conocimiento y experiencias en la lucha contra el fraude y la corrupción.
Para AVAF, este acuerdo que se prorroga por cuatro años más ha dado resultados "muy positivos", que se han plasmado en la puesta en común de conocimiento y experiencias prácticas en materia de prevención y detección de la corrupción, fomento de la integridad y transparencia y protección de las personas alertadoras.
La teniente de alcaldía de Agenda 2030, Transición Digital, Deportes, Coordinación Territorial y Metropolitana, Laia Bonet, y el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, han sellado este convenio que pretende consolidar y avanzar en el cumplimiento de los objetivos de interés común en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción que se inició el 18 de septiembre de 2018.
Actualmente, la agencia considera oportuno mantener la colaboración ante la finalización del plazo de transposición de la directiva europea 2019/1937, relativa a la protección de las personas alertadoras de corrupción, y la necesidad de implementar canales de alerta o denuncia tanto en el sector privado como en el público. Alude además al papel que cobran los canales de denuncia en relación con la gestión de los fondos Next Generation EU.
Por ello, a su parecer, la aportación de reflexiones y experiencia por parte de instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, a través de su buzón ético y de buen gobierno y el de la AVAF, es "de innegable interés general". El consistorio que dirige Ada Colau puso en marcha en 2016 este buzón con el apoyo desinteresado de la plataforma ciudadana XNEt, una iniciativa que fue replicada por instituciones como la Generalitat de Catalunya.
"El Ayuntamiento está plenamente comprometido en la promoción de políticas de buen gobierno y transparencia", ha subrayado la concejala, mientras Llinares ha resaltado que ambas instituciones fueron pioneras a dotarse de un sistema de alerta contra la corrupción y se avanzaron de este modo a la aprobación de la directiva europea de protección de las personas alertadoras.
