La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán. Foto: JUANMA SERRANO/EPVALÈNCIA (EFECOM). La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha reclamado este jueves que se incorporen al menos cuatro cambios que considera necesarios para mejorar la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y, en ocasiones, "evitar la picardía".
Durante su participación en un curso de la APIE, Kindelán ha explicado que su principal temor sigue siendo que este nuevo organismo multiplique su tamaño, como ha sucedido en el Reino Unido, y que sus decisiones no estén alineadas del todo con los supervisores y creen confusión e incertidumbre con los consumidores.
Pero más allá de sus temores, la presidenta de la AEB ha señalado que hay al menos cuatro aspectos que podrían mejorar antes de que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero sea una realidad, empezando por la definición de cliente que, en su opinión, debería limitarse a particulares y quizá autónomos, pero no a empresas.
Además, Kindelán ha afeado que este nuevo organismo pueda entrar a definir lo que son "cláusulas abusivas", pues cree que esto tendría que corresponder a la justicia, en concreto al Tribunal Supremo. "Es necesario evitar que esta autoridad entre en esa definición", ha resumido.
En tercer lugar, la presidenta de la AEB ha criticado que, tal como está ahora redactado el proyecto, la Autoridad de Defensa del Cliente prohíba de forma generalizada las reclamaciones judiciales mientras estudia una reclamación, y pide que se exima todo lo que tenga que ver con reclamaciones judiciales de deuda.
De ese modo, Kindelán cree que se evitaría la picardía de que alguien presente una reclamación ante la nueva autoridad para evitar que un juez le reclame una deuda.
La presidenta de la AEB ha abogado también por reducir a una décima parte el umbral de las reclamaciones que se considerarían vinculantes en el caso de recibir el visto bueno de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
La idea, por el momento, es que si este organismo da la razón al cliente en una reclamación de hasta 20.000 millones, la decisión sea vinculante, lo que Kindelán considera que debería limitarse a 2.000 millones que, según los datos del Banco de España, aglutinaría la gran mayoría de las reclamaciones que se presentan.
Al margen de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la presidenta de la AEB ha insistido en su idea de que Europa está en un momento crucial, en el que requiere grandes inversiones y necesita al sector financiero para llevarlas a cabo.
Y para que la banca pueda hacer bien este papel, Kindelán ha defendido que la regulación financiera se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y hay que completar la unión bancaria, para lo que es necesario aprobar el fondo de garantía de depósitos único, para que los bancos estén valorados por su solvencia y no por su nacionalidad.
En cualquier caso, Kindelán confía en que la rentabilidad de la banca va a seguir siendo sólida aunque los tipos de interés en Europa bajen, entre otras razones, porque espera que eso se traduzca en mayores volúmenes de negocio.
En este sentido, ha defendido la importancia de que el sector siga siendo rentable, pues es su "primera línea de defensa", y eso permitirá seguir generando beneficios, destinando un tercio de ellos a pagar impuestos, y seguir abonando dividendos a sus accionistas.
Los fondos europeos, además, son una oportunidad para transformar la economía, ha insistido Kindelán, que ha recordado que los bancos participarán en canalizar 60.000 millones de créditos de aquí a 2026, para lo que se irán firmando distintos convenios.
Aunque ha dejado claro que no quería abordar ninguna cuestión relacionada con la opa lanzada por el BBVA sobre el Sabadell -dos bancos que forman parte de la AEB- Kindelán ha considerado que los datos, por ejemplo en la oferta de hipotecas y créditos a empresas, siguen mostrando que hay competencia en el sector.
Durante el encuentro y a preguntas de los medios, Kindelán mostró nuevamente su rechazo al impuesto extraordinario aprobado por el Gobierno que "resta competitividad" y ha insistido en que España es el único país que se está planteando mantener un impuesto al sector.
