VALÈNCIA. A lo largo de las dos próximas semanas Banco Santander intensificará los cierres de oficinas en la Comunitat Valenciana dentro de su plan de reestructuración iniciado tras la adquisición del Banco Popular en junio de 2017, según han informado fuentes sindicalistas a este diario. Concretamente de aquí al viernes 22 de noviembre van a bajar la persiana 41 oficinas más en las tres provincias levantinas, por lo que apenas quedarán diez por cerrar por estos pagos según el acuerdo firmado por la entidad presidida por Ana Botín y los sindicatos en junio de este año.
Conviene recordar que buena parte de los cierres proceden de las extintas oficinas heredadas del 'Popu' por parte del SAN, dado que lo que busca el banco de origen cántabro es acabar con las duplicidades en las grandes ciudades y no dejar sin servicio a los pequeños municipios donde están presentes-
El próximo viernes 8 de noviembre serán 20 las sucursales del también llamado 'banco rojo' las que pasen a mejor vida. A saber: 11 en la provincia de València (5 en la capital y las otras en los municipios de Alboraya, Mislata, Sueca, Cullera, Alzira y Requena); 2 en Castellón (Vall d'Uixó y Vila-real) y 7 en Alicante (una en la capital y el resto en las poblaciones de Ondara, Denia, Jávea, L'Alfás del Pi, Novelda y Crevillent).
Quince días más tarde está programado que bajen la persiana otras 21 sucursales más del Banco Santander, según las mismas fuentes consultadas por Valencia Plaza. Así, la capital levantina perderá 12 (una en el Cap i Casal y el resto en Quart de Poblet, Moncada, Xirivella, Ribarroja, Torrent, Catarroja, Picassent, Benifaió, Alberic, Xàtiva y Carcaixent); tres en Castellón (Almassora, Borriana y Ribesalbes); mientras que las otras seis corresponden a municipios alicantinos como Villena, El Campello, Elx, Orihuela, Quesada y Pilar de la Horadada.
Llegado ese día, el 22 de noviembre, a la provincia castellonense solo le quedará una oficina por bajar la persiana de las 13 que estaban programada en el ERE; a València 6 de las 48 y a Alicante 3 de las 33. Este mismo mes de noviembre se materializará el proceso de reestructuración y no solo en la Comunitat Valenciana sino en toda España, según las mismas fuentes consultadas por este diario.
Pese al anuncio de los 1.150 cierres, ningún municipio se quedará sin servicios bancarios, ya que, además de que la mayoría de las clausuras se están produciendo en las ciudades, la red de agentes y colaboradores se está reforzando. Con todo cada oficina que se cierra tiene otra sucursal del grupo a una distancia media de unos 230 metros. El SAN ha explicado en varias ocasiones que la racionalización de la red se enmarca en la necesidad de mejorar la eficiencia debido a la duplicidad derivada de la integración de Banco Popular.
Para cubrir las extinciones, Banco Santander ofrecía a los empleados de entre 55 y 61 años prejubilarse con el 80% del salario pensionable o con el 75% más el 60% del complemento voluntario, mientras que a los mayores de 62 años les abonará el equivalente a 20 días por año trabajado, con el límite de una anualidad, y sin primas.
El colectivo de entre 50 y 54 años podrá dejar la entidad con el 60% del salario pensionable de seis anualidades y un tope máximo de 380.000 euros, sin descuento por desempleo y con un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años, actualizable hasta un máximo del 3%. A este grupo también dará primas por voluntariedad de 2.000 euros por cada trienio completo trabajado, una prima adicional de entre 5.000 y 30.000 euros en función de su antigüedad y otra de 15.000 euros.
En cuanto a los trabajadores de 49 años o menos, o los que tengan una edad superior pero no acumulen 15 años de antigüedad, las extinciones vendrán acompañadas de una indemnización de 40 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades. Este colectivo también tendrá primas de voluntariedad de 2.000 euros por cada trienio de antigüedad y otras de entre 5.000 y 30.000 euros en función de los años que lleve en el banco.
Banco Santander ha asumido el compromiso de recolocar al 100% de quienes quieran seguir trabajando, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones. En el ERE llevado a cabo en 2016 se logró este objetivo, mientras que en el ajuste acometido en 2018 el éxito hasta ahora ha sido del 73%, con previsión de alcanzar el 100% en el segundo semestre del año.