MADRID (EP). Grupo Santander ha asegurado que cumplió "escrupulosamente" la normativa y los estándares aplicables en todo momento en su operativa como banco corresponsal con HSBC Private Bank, después de que la Audiencia Nacional haya citado este miércoles a declarar como investigados por parte de la Audiencia Nacional a siete directivos de Santander y tres de BNP por blanqueo de capitales en el marco de la conocida 'lista Falciani'.
En un comunicado, el grupo afirma que ha colaborado "de forma activa" con el juzgado, dando respuesta a todos los requerimientos y aportando toda la documentación, aclaraciones y adiciones que se le han solicitado. Asimismo, ha mostrado su disposición a continuar colaborando con la Justicia, ya que el banco "es el más interesado en que quede claro cuanto antes que ha actuado correctamente", ha explicado.
Tras analizar la documentación aportada en los registros realizados en junio del pasado año a las dos entidades y de estudiar los informes emitidos por los peritos inspectores del Banco de España sobre las actuaciones de la entidad HSBC Private Bankia Suisse respecto a los movimientos de fondos de sus clientes con residencia en España, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha citado a los diez directivos para los próximos 12, 13 y 14 de junio.
La investigación abierta por la 'lista Falciani', que revelaba los nombres de 130.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo, una operativa de movimientos de fondos entre Santander y BNP por un lado y HSBC por otro. Este último puso en marcha un sistema de cuentas de valores conocidas como 'ómnibus' en las que se desconocía quienes eran los verdaderos propietarios de las mismas.
El magistrado revela que entre agosto de 2007 y julio de 2010 Santander obtuvo la custodia de los valores titularidad de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter, si bien estos valores no solo se ocultaban bajo dicha sociedad sino que también era titular HSBC. El auto precisa que este entramado permitió esconder la titularidad real de las acciones de Bankinter y que poseían, por valor del 8%, el expresidente de Banco Santander Emilio Botín y Jaime Botín Sanz, así como sus respectivos hijos.
La omisión de tributación de parte de la fortuna del exbanquero -se calcula que ocultó 2.000 millones de euros en el HSBC de Suiza y otras sociedades panameñas-- dio lugar a la denuncia en la Audiencia Nacional por delitos contra la Hacienda Pública pese a haber regularizado su situación con el pago de más de 200 millones de euros a Hacienda.
La Audiencia Nacional investiga los movimientos emitidos desde cuentas bancarias en España a cuentas al banco suizo así como órdenes de pago del Grupo Santander siguiendo las instrucciones del HSBC mediante la utilización del método MT202, conocido también como 'cover payments' y que permitía no identificar quien era el ordenante y el beneficiario último de estas operaciones.
El auto precisa que poco más de doce millones de euros provienen de cuentas del banco suizo y cuyos titulares fueron denunciados por delito fiscal y razona que, tras la entrada en vigor en noviembre de 2009 de la obligatoriedad a identificar a ordenantes y beneficiarios de las transferencias, las operaciones ordenadas por HSBC disminuyeron "considerablemente" llegando a desaparecer en 2010.
Los citados a declarar son Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, secretario general de Banco Santander; José Manuel Arraluce, director de cumplimiento entre 2005 y 2014 de Banco Santander; Carlos Infesta Fernández, responsable de prevención de Área en el ámbito de banca mayorista; Carlos Fernández García, director del Departamento Central de Prevención de blanqueo de capitales entre 2005 y 2013; Jesús Álvarez Ramírez, también del mismo departamento, Jesús Rivero González, del Departamento Central de Extranjero, y Marta Mora Villarrubia, del Departamento de Instituciones Financieras. Los cuatro últimos tenían competencias en prevención de blanqueo.
En el caso de BNP, han sido citados José Andrés Fernández Espejel, director del Departamento de Cumplimiento Normativo entre 2005 y 2011, y Lucía Cuartero Lantero, también de ese departamento. Ambos estuvieron a cargo de la función centralizada de prevención de blanqueo. La última citada es Cristina Arévalo, que fue miembro de OCIC, órganos de control interno de la entidad.