Bankia reclama 3 millones al IVF por un ‘pufo’ del PP y Bancaja para beneficiar al exministro Morenés

VALÈNCIA. Una fundación para convertir un barco pesquero en un buque escuela para discapacitados, un exministro del PP beneficiado con un préstamo de 1,5 millones que nunca devolvió y un agujero de 3 millones del que, quince años después, nadie quiere hacerse cargo. Esos son grosso modo los desencadenantes esenciales del enfrentamiento que mantienen el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y Bankia, que el próximo 9 de septiembre están citados en un juzgado de València para determinar quién tendrá que cargar con esa deuda.

De momento, según revela en su memoria de 2020, el IVF ya ha tenido que consignar esos 3 millones en el Jugado de Primera Instancia 5 de València para afrontar la demanda de ejecución de embargo presentada por el banco. La entidad, recientemente absorbida por CaixaBank, reclama el dinero para resarcirse del quebranto sufrido por los avales fallidos formalizados en su momento por Bancaja a favor del exministro del PP Pedro Morenés.

Para facilitar la operación, el IVF se prestó a actuar como reavalista ante la caja valenciana, presidida entonces por el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas. La entidad que dirige Manuel Illueca, sin embargo, se resiste a que el IVF tenga que hacerse cargo de esa deuda y defenderá en el juzgado la nulidad de la operación al entender que la misma no fue más que una "corruptela" para favorecer al exministro del PP.

La diligencia de embargo acordada en el procedimiento de ejecución a instancia de Bankia llegó al IVF a principios del pasado diciembre. En el momento en el que formuló las cuentas, la entidad aún no disponía de la notificación con copia de la demanda, por lo que no ha podido valorar en sus cuentas el fondo del procedimiento al desconocer las razones esgrimidas por Bankia.

A pesar de que el plazo se encuentra suspendido al haber presentado la Abogacía de la Generalitat un escrito para solicitar al juzgado copia de la demanda y la suspensión del plazo de contestación, el IVF ha recogido en su balance una provisión de 3 millones de euros por el dinero que ha tenido que consignar en el juzgado.

Para librarse de tener que responder de la deuda, el IVF alegará que Morenés se benefició en 2009 de un cambio de condiciones en los créditos de las que el IVF no fue informado, por lo que el reafianzamiento quedaría sin efecto.

Según el relato de Illueca, Pedro Morenés se habría aprovechado de la intercesión del exdiputado nacional del PP, Gerardo Camps, para conseguir los avales que necesitaba para su fundación. Dado que esta no tenía sede en la Comunitat Valenciana, fue Bancaja la que formalizó los avales con la condición de que el IVF actuase como reavalista.

Las condiciones de esta operación, en la que la caja renunciaba a reclamaciones futuras, evidencian según Illueca que existió trato de favor al exministro de Defensa en contra de los los intereses del IVF.

Un agujero de al menos 1,6 millones 

Previamente, en 2016, ya provisionó 1,6 millones por el riesgo derivado de la operación de reaval a favor de Bancaja ante el Ministerio de Ciencia e Innovación para garantizar tres préstamos concedidos en 2005 y 2006 a la Fundación Aulamar, con la que Pedro Morenés tenía el proyecto de reconversión de los barcos escuela.

Morenés, que años después sería nombrado Ministro de Defensa por Mariano Rajoy, obtuvo el aval de Bancaja para tres préstamos del programa Profit, uno de 810.465 euros concedido por el Ministerio de Educación y Cultura y dos de 495.819 y 254.977 euros concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El IVF prestó entonces contragarantía a las veintiuna pólizas de aval otorgadas por Bancaja a la Fundación Aulamar.

En 2009, Industria modificó las condiciones de uno de los préstamos para alargar el plazo de amortización a quince años, extender el periodo de carencia a cinco años y retrasar dos años la fecha del primer reembolso hasta octubre de 2011. Esa modificación fue seguida de otras posteriores para dar facilidades de pago a la Fundación Aulamar.

En 2017, Bankia ejecutó los primeros avales y remitió por primera vez dos reclamaciones al IVF en su condición de reavalista, motivo por el que la entidad, ya con Illueca al frente, provisión 1,6 millones de euros por las escasas probabilidades de recuperar el dinero en el caso de que el IVF tuviera que hacer frente.

El IVF se negó a pagar y al año siguiente Bankia le exigió otros 618.000 euros como pago por la ejecución de otros catorce avales, al tiempo que le advirtió de un riesgo de ejecución del resto de avales vivos por 954.000 euros y le exigió que le relevase como avalista.