VALÈNCIA. La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha explicado este martes que si el Consell Jurídic Consultiu (CJC) dictamina que hay sucesión de empresas en la internalización del servicio de resonancias magnéticas se procederá a la subrogación del personal de la UTE Erescanner Salud, pero en ese caso ha garantizado que se hará con "toda seguridad" para "no judicializar" este procedimiento.
Barceló, en su comparecencia en las Corts en respuesta a una pregunta de la diputada de Compromís Isaura Navarro Casillas sobre el futuro de los trabajadores del servicio de resonancias magnéticas después de que el pasado 31 de octubre finalizara el contrato con la la UTE Erescanner Salud, ha constatado que el proceso de reversión de este servicio es de "suma complejidad" ya que ha advertido de que por "extensión puede afectar a otros colectivos".
Por ello, ha pedido "prudencia" para poder "avanzar con seguridad" y "firmeza" y "no vulnerar los derechos de los trabajadores en la incorporación a la gestión publica" de forma que debe hacerse "de acuerdo con la normativa" y el informe solicitado al CJC sobre si hay o no sucesión de empresas.
En ese sentido, ha señalado que la conselleria, una vez disponga de este dictamen "actuará en consecuencia" y de acuerdo con los informes. "Lo primero es aclarar si hay sucesión de empresas y entonces procedemos a la subrogación pero con toda seguridad para no judicializar este procedimiento", ha recalcado.
Al respecto, ha aclarado que la voluntad de la conselleria es que el servicio de resonancias magnéticas vuelva a ser "una prestación pública", pero ha subrayado que su "obligación" es garantizar a este proceso "la máxima seguridad jurídica para la Administración" pero también "con el respeto a los derechos de los trabajadores".
En ese sentido, ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 31 de octubre decretó "la improcedencia" de la figura de 'personal a extinguir' en los procesos de reversión de los servicios privatizados. Por ello, se pidió un informe a la Abogacía de la Generalitat para "clarificar si había sucesión de empresas" y por tanto obligación de subrogar.
Sin embargo, ha aclarado que el informe de Abogacía "no entró a valorar" este punto que para la Administración es "crucial" para llegar a "buen puerto" las gestiones para poder asumir este servicio de forma directa. Por ello, se elevó una consulta al CJC sobre "si existe sucesión de empresas", y por tanto hay una obligación de subrogar a la plantilla, o si se trata de "una rescisión del contrato con una empresa".
Barceló ha recalcado que la Administración debe "conjugar los derechos de trabajadores para acceder a empleo público de acuerdo con los criterios de mérito, publicidad y en condiciones de igualdad" y respetar asimismo la jurisprudencia sobre el derecho de subrogación de los trabajadores. Por ello, es un proceso de "suma complejidad" y va a esperar a los informes solicitados para actuar "en consecuencia".
