El Puerto batalla en el juzgado por el pago del IBI al Ayuntamiento de València

VALÈNCIA. El Puerto de València irá a los tribunales contra el Ayuntamiento de València con el propósito de conseguir que varias de sus parcelas queden exentas de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, llevará este viernes al Consejo de Administración la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el consistorio por varias liquidaciones de IBI de los años 2012 y 2016.

Se trata de un capítulo más en la batalla judicial que mantiene desde hace ya tiempo el Puerto contra el consistorio al considerar que algunas parcelas del recinto portuario no deberían estar sujetas al gravamen que cobra el Ayuntamiento a los inmuebles por ser estas de aprovechamiento público y gratuito, o ubicarse en ellas las líneas de ferrocarril internas del Puerto. 

Según explican fuentes municipales, la Autoridad Portuaria ha recurrido liquidaciones del IBI durante varios ejercicios desde 2008 para una superficie que consideran "muy importante", de más de 910.000 metros cuadrados. Y de ahí la importancia que reviste este litigio para las arcas municipales. El Ayuntamiento de València ha estado desestimando las reclamaciones interpuestas por la Autoridad Portuaria ante el Jurado Tributario y en diferentes ocasiones ya han acabado en los juzgados, donde finalmente varias han sido aceptadas, como las relativas a 2008 y 2009.

En el Ayuntamiento de València rechazan de plano las pretensiones del Puerto fundamentalmente porque, sostienen, no se pueden separar partes de un mismo inmueble y aplicarles una exención o un gravamen diferente, sino que el recinto portuario, que a efectos tributarios es un inmueble de características especiales -con un tipo más elevado-, se considera como "un único bien inmueble" por mucho que esté dividido en unidades singularizadas o individualizadas. Una tesis que en aquellas ocasiones no encontró el respaldo de la justicia.

Sin embargo, la jurisprudencia reciente ha cambiado el panorama y el Ayuntamiento señalan un fallo de la Audiencia Nacional en un caso similar en el Puerto de Huelva, según el cual la existencia de diferentes áreas o espacios dentro del recinto portuario "no puede ir en contra de la propia naturaleza" del inmueble, "configurado a efectos catastrales como un único bien inmueble e integrado por un conjunto completo de uso especializado". O en otras palabras: aunque haya diferentes instalaciones y áreas delimitadas en un recinto como el del Puerto, esto no implica que puedan desligarse a efectos impositivos, de manera que todo en su conjunto se ha de considerar un inmueble de características especiales.

Según las fuentes consistoriales, esta línea de defensa está avalada no sólo por la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, sino también por el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Económico Administrativo Central. "Entendemos que la Autoridad Portuaria no debería contravenir la doctrina fijada de forma consolidada" por estos organismos, aseguran en este sentido.

Por eso, con toda probabilidad, la propuesta de recurso planteada por el presidente de la Autoridad al Consejo de Administración no encuentre unanimidad en la reunión. Todo indica que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, miembro del Consejo, emitirá un voto negativo. "El alcalde no apoyará que se recurra en vía contencioso-administrativa un asunto cuyo régimen jurídico ha sido fijado por la Audiencia Nacional", aseguran, "en un fallo meridiano contrario a la tesis que quiere defender la Autoridad Portuaria".

Cabe resaltar que el complejo portuario es casi el único inmueble que abona el Impuesto de Bienes Inmuebles de características especiales. Según la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de València, este tipo de bienes pagan un tipo de gravamen del 1,30% después de la subida aprobada por el gobierno municipal para 2020 desde el 1,10%. Los bienes inmuebles de naturaleza urbana pagan un tipo del 0,723%, y los de naturaleza rústica, del 0,437%. El pasado ejercicio, la recaudación de los bienes de características especiales ascendió a más de 9 millones de euros.