Beatriz Simón. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de València Beatriz Simón ha enviado una queja al Defensor del Pueblo contra el juez que instruye el caso Taula, en el que está imputada por presunto blanqueo de capitales en el conocido como caso del pitufeo. Según ha podido saber Valencia Plaza, la edil solicita la intervención del Defensor del Pueblo porque el magistrado lleva diez meses sin contestar a los escritos de su letrado en los que se solicita la separación de la Pieza I en dos partes y porque, a su juicio, existen unas "dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento que dura ya más de tres años". La investigación comenzó antes pero la operación policial se produjo el 26 de enero de 2016.
La concejal argumenta que en la pieza conocida como la del pitufeo (presunto blanqueo en 2015 de 50.000 euros mediante donaciones de 1.000 euros de concejales y asesores del PP a los que supuestamente se les reintegraba esa cantidad con dinero negro) no tiene relación con la investigación por malversación de caudales públicos y delito electoral relativa a las campañas electorales de Rita Barberá en los comicios 2007 y 2011.
En su queja, la edil adjunta varios documentos. Entre ellos destacan los escritos al juez de Taula donde su letrado dice que "el instructor percibe otros posibles hechos en años posteriores, que supuestamente podrían constituir otros delitos distintos, cuyos responsables son personas distintas a las que se investiga en el original delito de blanqueo". Del medio centenar de imputados en el caso de presunto blanqueo de 2015, solo la que era secretaria del Grupo Municipal Popular, Mari Carmen García-Fuster, y el exvicealcalde Alfonso Grau están implicados en los hechos que se investigan de 2007 y 2011.
Unos hechos que, añade la concejala, no tienen que ver con los de 2015 más allá de que se trate del mismo partido, ya que se refieren a dos operativas diferentes. De 2007 y 2011 se investiga la financiación ilegal a través de dos empresas, Laterne y Trasgos, respectivamente, y de 2015 se indaga sobre el blanqueo de 50.000 euros de dinero negro cuyo origen no ha sido determinado.
Sin embargo, fuentes de la investigación consultadas por este periódico aseguran que es imposible deslindar una cosa de la otra pues, para acreditar que ha existido blanqueo primero hay que demostrar la entrada de dinero en B. Y sería con la segunda parte de la investigación con lo que se podría acreditar, de forma histórica, la supuesta financiación irregular del PP de la ciudad de València mientras Rita Barberá fue alcaldesa.
A ello habría que sumar la declaración de la ‘cajera’ García-Fuster, quien declaró en sede judicial que existía un recaudador de dinero cuyo nombre se negó a dar, aunque sí admitió entradas de dinero de "donantes" que superaban los límites.
En cuanto a las supuestas dilaciones indebidas, fuentes de la Fiscalía consultadas por este periódico explican que tales dilaciones no existen hasta la fecha. El motivo es que desde que se comenzó a instruir el procedimiento no se han dejado de practicar pruebas. Es más, explican que el único modo en el que se podrían acreditar las citadas dilaciones sería en el caso de que sí se separase en dos la pieza en entredicho, pues entonces se asumiría que algo que está terminado desde hace más de un año (la investigación por blanqueo), se ha mantenido durmiendo el sueño de los justos.
En cuanto a si es legal o no que el magistrado conteste a todos y cada uno de los escritos, otras fuentes cercanas al caso, entre las que se incluyen varias defensas, aseguran que "el juez no tiene porqué contestar a este tipo de escritos, ya que tiene la posibilidad, y la ley le ampara, de realizar una contestación vía auto de transformación de procedimiento abreviado". Es decir, que puede contestar a esta y a otras cuestiones en el paso previo a procesar definitivamente a los investigados, puesto que escritos como el de Beatriz Simón no piden practicar diligencias.
La respuesta del organismo que dirige de forma interina Francisco Fernández Marugan no se ha producido, pero no pasará de ser una recomendación, al contrario que el Consejo General del Poder Judicial, que sí podría apercibir e incluso sancionar al juez en caso de que su instrucción hubiese vulnerado los derechos de la concejal.
