Miembros del Consejo de Transparencia. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Los grupos parlamentarios del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- no tienen intención de renovar el Consejo de Transparencia hasta que se apruebe la nueva Ley de Transparencia. Un órgano cuyos integrantes llevan en funciones desde el pasado mes de noviembre, excepto el consejero que propuso el PPCV en su día, Carlos Flores Juberías, que entró a formar parte del órgano meses más tarde que el resto.
Así, cabe apuntar que el tripartito, junto a la consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez Garijo, registró el pasado mes de septiembre la nueva Ley de Transparencia. Una normativa que se inspira en la de Gobierno Abierto iniciada por el primer gobierno del Botànic que no pudo ver la luz porque el adelanto electoral la hizo decaer y que introduce importantes cambios respecto a la norma en vigor. Especialmente, en lo que respecta a la composición, dedicación y salario de los miembros que componen el Consejo de Transparencia.
La ley propone que los consejeros pasen a ejercer su cargo con "dedicación exclusiva" y "tengan consideración de altos cargos con rango de director general". Es decir, el tripartito quiere profesionalizar este órgano y que sus componentes, que ahora compatibilizan el puesto con sus respectivas profesiones y reciben dietas por cada reunión a la que acuden -normalmente con periodicidad mensual-, perciban un salario de más de 58.000 euros brutos anuales. Actualmente, sin embargo, los miembros del Consejo de Transparencia perciben indemnizaciones por cada encuentro que celebran. Citas por las que el presidente pasará a recibir ahora una dieta de 600 euros al mes, mientras el resto de consejeros perciben 500 euros.
Pero no es el único cambio. Socialistas, valencianistas y morados proponen reducir el número de consejeros para que pasen de los cinco que son actualmente, a tres. Integrantes que deberán ser elegidos por Les Corts Valencianes cada cinco años para evitar que su renovación coincida con citas electorales y, por tanto, su independencia política no quede en entredicho.
Este es precisamente el motivo por el que los grupos parlamentarios del Botànic no ven lógico cambiar ahora a los consejeros a pesar de que lleven meses en funciones. Actualmente, el Consejo de Transparencia está integrado por cinco miembros: Ricardo García Macho, a propuesta de Podem en la pasada legislatura, ocupa la presidencia; Carlos Flores, vocal a propuesta del PPCV, es Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia; Lorenzo Cotino también es vocal del órgano a propuesta de Ciudadanos; Sofía García Solís fue la candidata a vocal propuesta por Compromís en la legislatura pasada cuando Isabel Lifante abandonó el cargo; y Emilia Bolinches, a propuesta del PSPV, es la cuarta vocal del Consejo. El mandato de Flores caduca en marzo, mientras el del resto ya ha expirado.
La ley actual prevé que cada grupo parlamentario con representación en la Cámara pueda nombrar un consejero, por lo que si se abordase la renovación ahora mismo, Vox podría proponer un candidato. Mientras la norma en tramitación, limita a tres el número de consejeros. Con esta disparidad, el tripartito no quiere abordar la renovación sin saber cómo quedará finalmente articulada la ley.
No en vano, tampoco en esta cuestión existe homogeneidad en el Botànic. A pesar de que la norma fue presentada por los tres grupos parlamentarios, el texto fue elaborado desde la Conselleria de Transparencia según confirmaron fuentes consultadas por este diario. Y, el PSPV discrepa con la idea de que los consejeros deban tener rango de director general y que, con ello, se reduzca el número de integrantes.
