Bravo anuncia más funcionarios para los juzgados que investigan corrupción y pide al Ejecutivo más órganos

VALÈNCIA. (EP). La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha anunciado que reforzará con más funcionarios interinos los juzgados valencianos que instruyen causas relacionadas con la corrupción política y ha pedido al Gobierno central más órganos judiciales puesto que los 14 programados para 2018 son "insuficientes".

Bravo se ha pronunciado así en su comparecencia en las Corts para explicar el proyecto de presupuesto que contempla su departamento para el próximo ejercicio. El PP y Ciudadanos han mostrado su "decepción" y han subrayado que la justicia "atraviesa una lamentable situación". "Maltrato y falta de respeto", ha manifestado la diputada 'popular' María José Ferrer San-Segundo.

En total, la conselleria contará en 2018 con 313,5 millones de euros, 19,9 millones más que el año anterior, lo que supone un incremento del 6,8%. La mayoría, casi 300 millones, irán directos a Justicia, según ha manifestado. Con algunas prioridades "fundamentales": la justicia gratuita y los refuerzos para los órganos judiciales más saturados.

Respecto a este último aspecto, Bravo ha expuesto que existe un "déficit" de órganos judiciales en la Comunitat y ha advertido al Gobierno central de que la creación de 14 nuevos juzgados para 2018 es "insuficiente" --para esta partida se han presupuestado 3,5 millones--. Para paliar este "déficit" ha anunciado un plan de refuerzos para las jurisdicciones Civil, Mercantil y Penal que se traduce en un incremento de un 60% hasta los cuatro millones.

Esta partida, ha explicado la consellera, "permitirá dar una respuesta satisfactoria" a las demandas de los juzgados más saturados como los de las cláusulas suelo o los que instruyen causas penales de gran complejidad por delitos económicos o relacionados con la corrupción política. Se pretende apuntar estos juzgados con unos 185 funcionarios interinos a lo largo del año frente a los 68 destinados en 2015.

En cuanto a los juzgados distribuidos por la Comunitat y con deficiencias, Bravo ha manifestado que el problema de Alcoy está "solucionado"; las obras de la nueva sede de la Fiscalía de Gandia culminarán este ejercicio y las que adecuan los nuevos espacios de los juzgados de Mislata comienzan hoy mismo. De las restantes sedes, el 85% necesita actuaciones de mejora.

Ante esta situación, Justicia prevé destinar en 2018 dos millones de euros para la construcción de nuevos edificios; otros 12 millones para reformar, ampliar y mejorar las sedes judiciales; y 1,1 millones para proyectos de eficiencia energética.

Por otro lado, Bravo se ha referido a la justicia gratuita. Ha señalado que para 2018 la partida destinada al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados asciende a 35,5 millones, lo que representa un incremento de un 18,3% respecto a 2017. Este aumento responde, ha explicado, a un incremento lineal de un 10% de las bases de compensación económica previstas en el decreto de 2017 por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

Con esta partida, ha destacado la consellera, los abogados del turno de oficio "no solo recuperan las percepciones económicas que tenían hace 12 años, sino que por fin las superarán en 2018", ha dicho. El aumento también llegará al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, para el que está prevista una partida de 5 millones.

Incendio en Ciudad de la Justicia

Así mismo, Bravo se ha referido al incendio registrado el pasado mes de septiembre en la Ciudad de la Justicia de València que "ha obligado" a su departamento a redefinir los servicios de mantenimiento y seguridad y "acabar con modelos heredados". En este sentido ha aludido a un incremento de 6,5 millones de euros en el presupuesto para invertir en nuevo modelo de mantenimiento; y 260.000 euros para una unidad administrativa encargada de coordinar lo referente a la salud y seguridad en edificios judiciales.

Por otro lado, Bravo ha detallado que su departamento destinará 5,3 millones al programa de Función Pública para gestionar todos los concursos de traslado necesarios para regularizar la plantilla de empleados públicos. También se convocarán 18 procesos de turno libre y 12 de promoción interna de la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2015; otros 43 procesos de la OPE de 2016 y de la de 2017, en las próximas semanas se ofertarán 1.823 plazas.

Así mismo, la conselleria dejará 0,8 millones de euros para las labores técnicas de localización, verificación, delimitación de las fosas, exhumación e identificación de las víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista; y otros 0,4 millones para el coste de adquisición de espacio físico y gastos de funcionamiento del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, que tendrá su sede en Alicante.

"Insuficiente"

El PP y Ciudadanos han lamentado el presupuesto desgranado por la consellera. Ferrer San-Segundo ha indicado que el presupuesto es "insuficiente" para las "necesidades" de la Administración de Justicia. Ha resaltado que "no hay interés" en esta materia por parte de los máximos representantes del Consell y ha criticado que el incremento del 6,8% está "muy por detrás" del de otras consellerias. "La justicia está al final de la cola", ha apostillado.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Toni Subielas ha alertado de que la "justicia sigue en la misma lamentable situación" y "con menos recursos de los que se merece". Ha valorado el incremento en justicia gratuita aunque ha mostrado sus dudas con que sea suficiente; y ha lamentado que la Oficina Judicial "sigue estancada".

Por otro lado, la diputada de Podemos-Podem Fabiola Meco ha mostrado "alegría" por el incremento en el presupuesto de Justicia aunque ha lamentado que "represente tan poco en el presupuesto global de la Generalitat". El diputado de Compromís Paco García ha subrayado la "mejora de derecho" que recogen las cifras aportadas por Bravo, mientras que la diputada socialista Rosa Peris ha aprovechado para manifestar que este presupuesto "sufre las consecuencias del injusto modelo de financiación" del Gobierno central.