Bravo asegura que el requisito del valenciano a los funcionarios será una realidad en 2021

VALÈNCIA. El pleno del Consell aprobó este viernes el proyecto de Ley de Función Pública. Una norma para regular el empleo público cuya elaboración comenzó en la legislatura pasada y quedó bloqueada por las discrepancias entre Compromís y PSPV con el requisito lingüístico. O lo que es lo mismo: la exigencia del conocimiento del valenciano a todo aquel que quiera ser funcionario en las pruebas de acceso. Mientras los socialistas consideraban que este debía ser un mérito para acceder a la administración, los valencianistas creían que este debía ser una obligación. 

Con todo, este miércoles ambas partes -la Conselleria de Justicia y Función Pública que dirige Gabriela Bravo y la Conselleria de Educación que lidera Vicent Marzà, quien tiene las competencias en política lingüística en el Gobierno- llegaron a un acuerdo sobre el desarrollo del reglamento que desarrollará el requisito y la "dureza" con la que este se aplicará a los funcionarios: será Función Pública quien lo desarrolle en una comisión con expertos, pero previamente las conclusiones deberán contar con el informe favorable de la Dirección General de Política Lingüística de Rubén Trenzano. 

La norma, por tanto, iniciará su tramitación en Les Corts en las próximas semanas y, mientras, la comisión de expertos trabajará paralelamente en el reglamento del requisito. Una normativa que la ley determina que debe aprobarse en el plazo de un año para adecuarlo a cada puesto y que la consellera Bravo se mostró convencida de que el Ejecutivo del Botànic II va a cumplir. 

Incluso, se aventuró a señalar una fecha aproximada para ello: antes de que llegue el ecuador de la legislatura. O lo que es lo mismo, antes del primer semestre de 2021. "Hay un compromiso decidido. El tiempo medio de tramitación de los decretos oscila entre los ocho y 10 meses, por lo que estoy segura de que antes de llegar al ecuador de la legislatura tendremos el reglamento que desarrolla la capacitación lingüística", sostuvo. 

Ahora bien, este matiz -denominarlo como "capacitación" durante su intervención y no como "requisito"- ya despertó suspicacias en Compromís este viernes. Aunque en cualquier caso habrá que esperar para ver cómo queda negro sobre blanco el reglamento que elabore esta "comisión de expertos" cuyos integrantes aún están por concretar, si bien la consellera de Función Pública advirtió que, entre otros, la formarán miembros de la Academia Valenciana de la Llengua (AVL). 

El reglamento debe estar en un año

La ley presenta cambios significativos respecto a la que se registró en la legislatura pasada. El anteproyecto de ley que se pactó en 2017 contemplaba que en el plazo de seis meses se aprobaría un reglamento para regular la aplicación del requisito lingüístico. 

Sin embargo, Compromís no terminaba de fiarse de que este fuera a desarrollarse en el plazo estipulado e incluyó a última hora un redactado a modo de salvaguarda que precisaba que si transcurrido un año de la entrada en vigor de la ley no se hubiera aprobado este reglamento, el requisito se aplicaría de forma automática. 

De hecho, fijaba una tabla con los niveles exigidos que deberían acreditar: en el caso de las escalas más altas de la Administración (A1, A2 y B) se exigiría un certificado C1, el antiguo Grau Mitjà; en el siguiente nivel de funcionarios, el C1, querían que se exigiera el B2, un nivel intermedio entre el Mitjà y el Elemental que no existía en los grados anteriores; y en la escala básica de la Generalitat se contemplaría el nivel B1 de conocimiento, el Grado Elemental.

Sin embargo, el Consell Jurídic Consultiu (CJC), en su dictamen, consideró que el plazo de seis meses para la aprobación del reglamento y la previsión de un año ante un posible incumplimiento era una "incoherencia" y una contradicción jurídica, por lo que instaba a "unificar" los plazos. Con esto, ahora el Consell se da el plazo de un año para validar el reglamento y no seis meses como previó anteriormente.