Gabriela Bravo. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo remitió a todas las consellerias del Gobierno valenciano a principios del mes de septiembre el borrador del nuevo decreto de teletrabajo para que éstas presentaran alegaciones. Una normativa que el Consell decidió actualizar a raíz de la pandemia de la covid-19, ya que la crisis sanitaria puso de manifiesto la necesidad de renovar la ley en vigor aprobada por el Ejecutivo de Ximo Puig en 2016.
Consellerias de Compromís, pero también de PSPV y Unides Podem, presentaron una batería de enmiendas al proyecto de decreto que modificaban sustancialmente la normativa. Cambios que iban desde el ámbito de aplicación, que departamentos de las tres fuerzas políticas consideraban especialmente restrictivo, hasta el modo en el que se activaba un programa de teletrabajo o las jornadas autorizadas para que los empleados públicos prestaran sus servicios bajo esta modalidad no presencial. Alegaciones que la Conselleria de Justicia ha atendido, o al menos parcialmente, antes de que empiece la segunda fase: la negociación de este texto con los sindicatos.
Así, la cartera que dirige Gabriela Bravo ha introducido cambios en el segundo borrador tales como que la normativa será de aplicación a los empleados públicos y no solo a los funcionarios. De no haberse modificado, el redactado hubiera dejado fuera al personal laboral y temporal, a quienes sin embargo sí contempla el decreto de 2016 que todavía sigue en vigor.
Otro de los cambios significativos insertados en el decreto afecta a quiénes podrán acogerse a este régimen de teletrabajo. Justicia excluía a los "puestos de funcionarios de dirección, coordinación y supervisión", así como a los trabajadores que han accedido al puesto que ocupan mediante libre designación. Una exclusión que fue cuestionada por la totalidad de las consellerias del Botànic II y que, ahora, Bravo ha suprimido.
Únicamente contarán con restricción para acogerse al programa de teletrabajo que desarrolle cada área del Gobierno valenciano "los puestos de estructura clasificados con el nivel de complemento de destino 30, nivel máximo de clasificación previsto para los puestos de trabajo adscritos a la Administración de la Generalitat, o el nivel competencial máximo que pueda establecerse". Es decir, quedaría limitado a las subdirecciones de cada conselleria. Eso sí, los de libre designación solo podrán teletrabajar dos días a la semana como máximo, según el redactado.
Para acogerse al modelo de trabajo no presencial, los trabajadores deberán sumar un total de tres meses trabajados en el puesto "dentro de los últimos dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud". Con la versión inicial de la normativa elaborada por Justicia, el plazo era el doble, de seis meses. La ley, ahora además, también introduce la regulación del teletrabajo en situaciones de crisis para no tener que crear de manera improvisada un programa de teletrabajo 'ad hoc' para este tipo de circunstancias, exigencia de Compromís durante la fase de alegaciones.
La Conselleria de Justicia también ha eliminado uno de los apartados que resultaban más polémicos: en concreto, la mención "al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos o sistemas de geolocalización". Algo que habían puesto en tela de juicio todas las fuerzas políticas por los límites que esta medida podía rebasar en el ámbito personal y la intimidad individual, si bien la cartera que gestiona Bravo mantiene la necesidad de establecer un control por "cumplimiento de objetivos" que deberán supervisar las personas responsables de las unidades administrativas y que la Inspección General de Servicios podrá requerir en cualquier momento.
Una de las consideraciones que realizaron las consellerias gobernadas por Compromís instaba, además, a que fuera la propia Administración la que suministrara los medios tecnológicos a los empleados públicos para que puedan teletrabajar. Recomendación que Justicia también ha incorporado al decreto.
Asimismo, también otorga más autoridad a las subsecretarías, que serán las encargadas de analizar las solicitudes de adscripción de los empleados públicos de su conselleria al programa de teletrabajo y valorarlas de acuerdo al baremo que se apruebe, así como de comunicar la finalización de estos programas.
Ahora bien, el departamento de Bravo mantiene algunas partes del redactado original del borrador de decreto como que los funcionarios podrán teletrabajar como máximo tres días a la semana. Compromís había solicitado que fueran cuatro.
Por otra parte, también exige a los empleados públicos la realización cursos de formación específicos previamente al inicio del teletrabajo. Una fase que será de carácter obligatorio y que la coalición valencianista entendía que era totalmente accesoria, dado que las herramientas que los funcionarios utilizan desde casa ya las emplean en sus puestos de trabajo día a día y, por tanto, no creían necesario que tuvieran que acreditar que saben usarlas.
Por el momento, Compromís ya se reúnen estos días con los sindicatos para recoger sus propuestas. Este miércoles, lo hizo con CSIF y la semana pasada con UGT-PV. Propuestas que, ahora, la Conselleria de Función Pública deberá recabar también para terminar de moldear el decreto de teletrabajo para que pueda ser aprobado antes de que finalice el año.
