Bravo envía una carta a los ayuntamientos para que se sumen a la ordenanza abolicionista de la prostitución

VALÈNCIA. (EP) La consellera de Justicia, Interior y Administración, Gabriela Bravo, ha remitido una misiva a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para instarles a sumarse a la lucha para abolir la prostitución con la aprobación de la ordenanza que "persigue al prostituidor" y protege a las víctimas.

Así lo ha anunciado este lunes tras reunirse con el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro. Esta misiva llega después de que el PSPV registrase la semana pasada en Les Corts, en solitario y de manera urgente, dos propuestas para modificar las leyes autonómicas de Carreteras y Espectáculos para incidir en la abolición, algo que rechazó Compromís --segundo socio de gobierno del Botànic-- al considerar que es insuficiente para acabar con la prostitución.

Bravo, en un comunicado, ha destacado la importancia de "seguir sumando fuerzas para conseguir erradicar esta violencia, ya que la prostitución es una cuestión de derechos humanos y de dignidad de las mujeres".

"La prostitución no es más que humillación, explotación y violencia de género. Y nuestra obligación como poderes públicos es luchar contra la violencia y, sobre todo, proteger a las víctimas", ha subrayado la consellera, que corresponde a la cuota socialista del Botànic.

La carta recuerda que el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución, creado en 2021, tiene el fin de erradicar la prostitución y garantizar, defender y proteger los derechos y la libertad de las personas en situación de prostitución. En el marco de este foro se propuso, entre otras medidas, la elaboración de una ordenanza municipal abolicionista que proteja a mujeres y que sanciona al proxeneta y al demandante. Este modelo de ordenanza se encuentra disponible en la web de la Conselleria.

La ordenanza aborda la prostitución como un fenómeno que vulnera de manera directa los derechos fundamentales y las libertades de las mujeres en situación de prostitución y no como una cuestión de orden público. Por lo tanto, prohíbe la demanda, considerándola como una infracción grave, con sanciones que pueden llegar hasta 3.000 euros.

También prevé la aprobación de un plan municipal de acción integral, que contenga medidas para que las mujeres en situación de prostitución accedan a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional.

Precisamente, Bravo ha avanzado que se creará un grupo de trabajo para elaborar este plan integral de apoyo a las víctimas con medidas en el ámbito sociolaboral, sanitario y habitacional, entre otros, con el objetivo de que estas mujeres puedan construir un proyecto de vida en el marco de dignidad.

"Queremos una Comunitat Valenciana libre de prostitución, en todos nuestros municipios, carreteras y locales", ha reivindicado, y ha recordado el Foro Abolicionista también propuso las reformas de la leyes de Espectáculos y Carreteras con el mismo objetivo.