Foto: ROBER SOLSONAVALÈNCIA. (EP) La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha destacado el "paso muy importante" que dio este martes el Congreso al admitir a trámite la propuesta del PSOE para modificar el Código Penal en materia de proxenetismo, pero ha reclamado una ley integral para abolir la prostitución porque "no bastará con medidas sancionadoras".
Así ha valorado la compatibilidad entre la norma nacional que seguirá su tramitación en el Congreso y la futura reforma de Ley valenciana de Espectáculos para sancionar el consumo de la prostitución en establecimientos públicos.
Bravo, consellera propuesta por el PSPV, ha declarado en la celebración del día de la Policía adscrita a la Comunitat que el objetivo compartido es acabar con la "vergüenza" de la prostitución, un proyecto que el gobierno valenciano impulsa desde hace un año en el marco de sus competencias.
Eso sí, ha advertido de la necesidad de una ley abolicionista integral en España que vaya más allá de la modificación del Código Penal y permita ayudar a las mujeres prostituidas "construir un proyecto de vida digno y darles la oportunidad de salir de ahí", junto a cambios en la Ley de Extranjería.
Ha confiado en que el Gobierno plantee esta norma integral con una mirada transversal y medidas económicas y sociales. De lo contrario, ha alertado, "seguiremos teniendo graves problemas" en materia de prostitución.
A nivel autonómico, Bravo ha indicado que 400 ayuntamientos están interesados en aprobar una ordenanza abolicionista con sanciones a puteros, un camino que inició el de Albal (Valencia).
También ha avanzado que la reforma de la Ley de Espectáculos está en fase final, con el estudio de las alegaciones de entidades y consellerias como la de Igualdad. Este departamento, dirigido por la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís), alegó que la modificación planteada por Justicia "no resulta apropiada" al ser competencia estatal, además de advertir que las medidas contra los puteros suponen en la práctica una "sanción indirecta" a las víctimas.
Una vez se estudien las alegaciones, la también titular de Interior ha recordado que se dará traslado a la Abogacía de la Generalitat y se llevará al pleno del Consell para su aprobación como anteproyecto, algo que ha confiado que será "seguramente después de verano".
"Si el Congreso avanza antes en las medidas punitivas, tendremos una parte resuelta", ha subrayado, ya que al tipificarse penalmente el consumo de prostitución no será necesario regular las sanciones administrativas.
En general, Bravo ha garantizado que la Generalitat quiere "seguir liderando" la abolición de la prostitución en España porque, ha recordado, la sociedad no se puede ver representada en esta forma de explotación sexual. "Ya está bien, el problema no son las víctimas y no es un problema de orden público", ha reiterado en alusión a ordenanzas como la del Ayuntamiento de Alicante (PP-Cs), sino que ha urgido a poner el foco en "el proxeneta y el putero".
