VALENCIA. Los profesionales de la Justicia adscritos a los turnos de oficio andan estos días revolucionados por la decisión de la Dirección General de Tributos (DGT), que ha autorizado la aplicación del IVA en los servicios de asistencia jurídica. Se preguntan quién va a pagarlo, ¿ellos o la Administración? La consellera de Justicia valenciana, Gabriela Bravo, tiene bastante claro que en su departamento no se van a hacer cargo de un presupuesto añadido del 21% y así piensa trasladárselo al Gobierno estatal.
Esto es lo que piensa plantearle al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el encuentro que espera tener próximamente. De momento, sin fecha. Con quien sí tiene agendada la cita es con el ministro de Justicia, Rafael Català, a quien verá el 22 de febrero. Aprovechará para recordarle que la autonomía "necesita" 18 órganos judiciales "prioritarios".
En los territorios donde las competencias de Justicia están transferidas, el pago del turno corresponde a las administraciones autonómicas, y hasta la fecha se paga sin IVA. No obstante, los profesionales liberales del sector tienen la duda de que pueda llegar a salpicarles, de modo que ellos tengan que abonar el IVA de la factura que repercuten. Eso no va a suceder, pero la Administración tampoco quiere correr con el gravamen.
Tal y como ha explicado la consellera, el problema esencial reside en que la Generalitat ya ha aprobado sus presupuestos para 2017, y además con un aumento jugoso para la partida de Asistencia Jurídica Gratuita: concretamente destinará un 30% más que el año pasado. Es la consecuencia de haber gestado un nuevo decreto, que este viernes será aprobado en el pleno del Consell, donde se actualizan los baremos de compensación económica existentes.
Al aumento del 30% que ha llevado a cabo la Generalitat en la Justicia Gratuita, habría que sumarle ahora un 21%
Así se dota con 27,5 millones de euros al turno de oficio de los abogados y con 4,35 millones al mismo servicio de los procuradores. Además se incluye nuevos conceptos hasta la fecha no contemplados, como las macrocausas judiciales, por las que un abogado puede llegar a cobrar 3.000 euros. Si a todo ello hubiese que sumarle un 21% de IVA, se terminarían por descuadrar las cuentas de la Administración valenciana, y de manera nada desdeñable. La medida, por tanto, tendría un efecto retroactivo.
Más allá del argumento económico, Bravo ha recordado que existen “estudios en contra” de gravar con un impuesto lo que hasta la fecha se considera “un servicio social gratuito”. Es de la misma opinión el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Rafael Bonmatí, quien se opone frontalmente a dicha medida: “La Justicia gratuita es un derecho fundamental en una sociedad democrática". En los mismos términos se manifiestaba Laura Oliver, decana del Ilustre Colegio de Procuradores de los tribunales de Valencia (ICPV), quien afirmaba que dicha medida es “absolutamente inviable”.
Cabe recordar que la directriz de la DGT es de aplicación inmediata y supone un giro a su propio criterio. El organismo consideraba hasta la fecha que las cantidades asignadas a los profesionales, con cargo a los presupuestos del Estado, carecían “de carácter de retribución” estricto. Sin embargo, ha cambiado de opinión tras una consulta de una profesional presentada recientemente. Basándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la DGT considera que dichas cantidades son retribuidas por un tercera parte (en este caso, la Administración) y “tienen carácter oneroso”, por lo que debe aplicarse IVA.